Córdoba. La titular del Poder Legislativo a defendió la decisión cuestionada por una legisladora del Frente Cívico de realizar la ceremonia de apertura de sesiones en la ciudad de Deán Funes. A su vez, lanzó munición pesada por los asesores del juecismo.
La vicegobernadora Myrian Prunotto salió al cruce de las críticas juecistas con un llamativo comunicado en el marco de la polémica por la situación de la «asesora fantasma» del PJ que afloró del escándalo de Guillermo Kraisman que involucra a la Unicameral.
En su réplica a las críticas juecistas, la Presidencia de la Cámara expresó que “ante las recientes declaraciones de la legisladora Nancy Almada en medios de comunicación de nuestra ciudad, en referencia al caso de Virginia Martínez, que se encuentra bajo investigación judicial, desde la Legislatura informamos que nos sorprende esa actitud, toda vez que el bloque que ella integra, el del Frente Cívico (juecismo), también tenía contratados en situación irregular en nuestra Unicameral«.
«Por tal motivo, y al igual que todos los demás contratados, aquellos que pertenecen al Frente Cívico (juecismo) no van a cobrar mientras no regularicen su estado administrativo“, se indicó.
De esta manera, desde la cúpula de la Unicameral salieron al cruce de los cuestionamientos de la legisladora Almada, quien pidió investigar el hecho.
El caso que protagonizó el dirigente peronista de la Capital, otra vez detenido, ya está en manos de la justicia. Se investiga la situación que se produjo en la sucursal del Banco de Córdoba de barrio General Paz, donde estalló el escándalo.
Acompañado por Luciana Castro, Kraisman intentó sacar un millón de pesos de una cuenta con el DNI de Virginia Martínez, una mujer que tenía un contrato de asesora en la Unicameral. Por el hecho, Kraisman fue detenido.
Ante las derivaciones de este caso, el abogado de Martínez, Gustavo Castellano, aseguró a El Doce TV que jamás pisó la Unicameral y que se enteró por los medios de esta designación y que estaba involucrada en el caso de Kraisman.
Apertura en Deán Funes
En la continuidad del contragolpe oficialista contra el juecismo, Prunotto rechazó las críticas del Frente Cívico a la decisión oficial de realizar la ceremonia de apertura de sesiones de la Legislatura provincial en la ciudad de Deán Funes.
“No podemos gobernar una provincia tan grande y compleja como Córdoba sentados desde un escritorio en la Capital”, afirmó la vicegobernadora durante el acto de habilitación de la nueva Guardia Urbana de Unquillo. En ese marco, Prunotto enfatizó: “Los que somos del interior del interior sabemos de la importancia que tiene la presencia de los que gobiernan en el territorio”.
“No se trata de un acto aislado. Desde que comenzó la gestión que conduce el gobernador Martín Llaryora, con la primera reunión de Gabinete en Cruz del Eje, ha sido permanente nuestra presencia en el interior y hemos recorrido toda la provincia relevando necesidades y llevando soluciones”, remarcó la titular del Poder Legislativo.
Espadas oficialistas le enrostraron al juecismo carecer de mirada federal al repudiar los dichos de Almada que habló de «un gasto innecesario» ante la realización de la apertura de sesiones de la Unicameral en Deán Funes. Será el sábado, 1 de febrero, a partir de las 19:30 en el Centro Cultural de la ciudad cabecera del Departamento Ischilín.
La bancada del Frente Cívico devolvió el golpe. La representación opositora afirmó que se trató de «una errónea y malintencionada divulgación» del PJ, al desmentir que se opongan a la realización del acto de inauguración de un nuevo período legislativo en la localidad del norte cordobés.
A través de las redes sociales, Almada salió a aclarar sus dichos. «Mudar el acto de la Legislatura a cualquier punto de la provincia, ya sea al norte, sur, este u oeste provoca gasto, no es mas que el uso del dinero público en estas acciones de MARKETING. Lo que no han tenido en cuenta, son las necesidades reales de los habitantes del norte», cuestionó.
La parlamentaria juecista denunció que es «objeto de un ataque coordinado por parte del Gobierno de Martín Llaryora con una directiva explicita para desacreditarme». «Esto no solo busca intimidarme y cancelarme como legisladora opositora, sino también desviar la atención de los problemas que afectan a los ciudadanos como lo es el 400% de aumento inmobiliario», sentenció la opositora.
