País. De esta manera, el polémico magistrado da un paso más hacia la concreción de su candidatura a la Corte Suprema de Justicia.
El oficialismo en el Senado presentó este miércoles el dictamen del juez Ariel Lijo con las firmas que obtuvo en la Comisión de Acuerdos. Los avales estaban desde noviembre, pero el despacho hasta hoy no se había oficializado.
El despacho lleva la firma los peronistas Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci (Catamarca) y Claudia Abdala de Zamora (Santiago del Estero); por el lado de los federales, pusieron el gancho Carlos Arce (Misiones), Juan Carlos Romero (Salta) y Carlos Espínola (Corrientes).
Mientras que por la Unión Cívica Radical (UCR) lo hizo el jefe de bloque, Eduardo Vischi (Corrientes); por el PRO, la rúbrica la estampó Beatriz Ávila (Tucumán) y en el oficialismo lo hizo Ezequiel Atauche (Jujuy), según consignó NA.
La acción del oficialismo se concreta en medio de una ola de rumores que surgen desde la Casa Rosada y que dan cuenta de un eventual tratamiento en los próximos días. Se viene la sesión del Senado para tratar la agenda de temas que viene con media sanción de Diputados.
Las versiones indican que el pliego de Lijo podría tratarse la próxima semana cuando el cuerpo vaya al recinto, por primera vez en el año, para discutir la suspensión de las PASO y las leyes de reiterancia, reincidencia y juicio en ausencia, tres iniciativas que lograron la luz verde de la Cámara Baja.
En un cambio de estrategia, en la Casa Rosada estarían dispuestos a que el pliego del polémico juez federal salga con acuerdo de la Cámara de Senadores, mientras que el catedrático Manuel García-Mansilla -sin los avales necesarios- sea nombrado vía decreto.
El pliego de Lijo fue el más objetado en su paso por la audiencia pública que se realizó el 17 de agosto del año pasado, en el Salón Azul del Congreso. Recibió decenas de cuestionamientos por parte de instituciones satélites del Poder Judicial.
En el caso de García Mansilla es cuestionado fuertemente por su pensamiento conservador, principalmente, contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; algo que incomoda a los más progresistas de las Cámara Alta.
