País. El diputado Arroyo (UxP) ponderó que “es una ley que está fuera de la grieta y busca atender una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.
Con amplia mayoría, y pese al rechazo oficialista, el arco opositor logró hoy darle media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio hasta el 31 de diciembre del 2026, pudiendo prorrogarse por un año más.
Con 148 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones, quedó aprobada la iniciativa que recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Como miembro informante del dictamen de mayoría, Daniel Arroyo (UxP), ponderó que “es una ley que está fuera de la grieta y busca atender una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y personas con discapacidad”.
“La norma cuenta con tres partes: la primera, la que intenta resolver el problema del acceso a las prestaciones básicas; otra, refiere a las pensiones con el objetivo de reordenar y mejorar la situación del acceso; y, finalmente, la que apunta a salir del maltrato mediante un Estado que les tenga respeto”, detalló Arroyo.
El diputado Martín Maquieyra (PRO), a su turno, se refirió al dictamen de minoría. “No estamos de acuerdo en la declaración de la emergencia, pese a que sí es una situación crítica que se tiene que resolver y este sistema claramente necesita un reordenamiento normativo”, recalcó. Asimismo, aseguró que “si estamos en una crisis es por el descalabro que dejó la gestión anterior en discapacidad”. “No sirven estos parches, ni querer ampliar derechos cuando no podes garantizarlos”, enfatizó.
En la continuidad de las alocuciones, Soledad Carrizo (UCR) exhortó al Poder Ejecutivo de convocar a una mesa de diálogo para destrabar esta situación que no da para más”. También, planteó diferencias con el dictamen de mayoría señalando que el que defienda “visibiliza la emergencia, pero en un corto plazo”. Luis Picat, del bloque Liga del Interior, anunció que “vamos a acompañar el dictamen de minoría para darle solución al ingreso de los prestadores y tener certidumbre hacia adelante”.
Para cerrar los discursos sobre la temática, Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, expresó que “estamos acá para ser un poco más humano, de estar un poco más a la altura y hacer más honorable esta Cámara”. Mónica Fein, de Encuentro Federal, declaró que “venimos a ponerle un freno al gobierno que cree que las leyes y la crueldad no son un límite”. Y, Santiago Pauli, de LLA, resaltó que “quieren achacarle al gobierno la emergencia que ustedes generaron; usaron discapacitados para hacer clientelismo político”.
En el mismo sentido, y tras alcanzar un acuerdo entre todos los bloques, se aprobó el proyecto de ley por el cual se declara zona de emergencia y en situación de catástrofe durante el término de 180 días a los distritos de la provincia de Buenos Aires, y de Santa Fe, afectados por las inundaciones registradas durante el mes de mayo 2025. Fue con 196 votos afirmativos, sin negativos ni abstenciones.
Por último, se votó favorablemente con 153 votos afirmativos, 32 negativos y sin abstenciones el proyecto de ley para declarar zona de emergencia y en situación de catástrofe durante el término de 180 días a la provincia de Buenos Aires, especialmente los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones registradas en marzo de 2025.
