País. La bancada de Democracia para Siempre advirtió que la iniciativa es “violatoria de derechos constitucionales y excede las facultades delegadas» de la Ley Bases.
A través de un proyecto de ley que ingresó este jueves en Diputados, el bloque de Democracia para Siempre (DPS) impulsa dejar sin efecto y declarar la “nulidad absoluta” del decreto 383 del Gobierno de Javier Milei, a instancias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reformar la Policía Federal Argentina (PFA).
“La norma es inconstitucional”, aseguró el bloque opositor, y sentenció: «El decreto de Patricia Bullrich viola derechos constitucionales y además excede las facultades delegadas en la ley Bases».
Los «radicales sin peluca» afirmaron que la iniciativa del Poder Ejecutivo lanzada la semana pasada es “violatoria de derechos constitucionales y excede las facultades delegadas de la Ley N° 27.742” de Bases, ya que en ésta “no se delegaron facultades legislativas en materia de seguridad”.
«El Congreso sólo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas», indicaron los autores del proyecto.
Según la bancada opositora de signo radical, “el Poder Ejecutivo está utilizando a la Ley Bases como ventana de oportunidad forzada ya que entre las facultades delegadas al Poder Ejecutivo no están las de seguridad”.
“Entonces, lo que hace es fundamentar esta decisión vinculándola a una mayor eficacia y modernización del Estado”, cuestionaron.
Aclararon, en este sentido, que “la reforma planteada no implica un plan de eficacia de la administración de la Policía Federal Argentina, sino que modifica las funciones y el sentido de su intervención”.
En los fundamentos, los diputados opositores sostuvieron que “el decreto en sí no organiza con claridad de qué se va a tratar ese perfilamiento vinculado a la investigación criminal”, y agregaron que «pareciera más bien una expansión encubierta de las facultades de inteligencia que invade competencias de la Agencia Federal de Inteligencia (Ley 25.520)».
En su crítica, manifestaron que «el decreto deja sin precisar conceptos como ‘amenaza a la seguridad del Estado’ o ‘alteración del orden público’, lo que habilita una peligrosa zona gris«, al advertir de «la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA».
En ese plano, alertaron que “en otros contextos, lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciberpatrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión, frecuentemente justificadas bajo interpretaciones amplias”.
“El acceso de la policía a mayores poderes sin orden judicial -como detenciones, vigilancia de redes sociales y requisas en los denominados ‘operativos de prevención’– vulnera garantías fundamentales como el derecho al debido proceso, la protección contra detenciones arbitrarias (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la Corte IDH) y la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Nacional)”, resaltaron los radicales de la oposición dura.
«Por otra parte, la disposición consagra una figura similar a los ‘arrestos por averiguación de antecedentes’, ya declarados inconstitucionales por jurisprudencia reiterada por ser arbitrarios y discrecionales», agregaron.
