País. El bloque cordobés que responde a Schiaretti y Llaryora dará quórum y votará con la oposición a favor del Financiamiento Universitario.
El diputado nacional Carlos Gutiérrez (PJ cordobés en Encuentro Federal) participó este lunes del encuentro entre autoridades de universidades públicas cordobesas y legisladores nacionales con el objetivo de impulsar el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados de la Nación.
La presencia del legislador schiarettista en la reunión que se desarrolló en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) preanuncia el acompañamiento que tendrían los cinco diputados nacionales del PJ cordobés tanto para el quórum de la sesión del miércoles 2 de julio como para la posterior votación de la moción de emplazamiento de comisiones.
De la convocatoria, que reunió a rectoras y rectores de instituciones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y otras autoridades universitarias, participaron además Juan Brügge, y Natalia De la Sota, de la misma bancada federal.
Otros dos diputados de Córdoba reportan al actual gobernador Martín Llaryora: se trata de Ignacio García Areca y Alejandra Torres.
Las posturas de los legisladores de Llaryora en los debates que se producen en el Congreso no pueden analizarse por fuera de la dinámica de la relación entre la Casa Rosada y el Gobierno provincial.
El enfriamiento del vínculo con el Gobierno libertario se explica por la caída en la transferencia de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el reclamo de incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles. De hecho, hay una fuerte presión de Córdoba para revertir la situación.
La defensa del campo -con la demanda de eliminar progresivamente las retenciones– es otro de los puntos clave de la demanda cordobesa.
Durante su intervención en la UNC, Gutiérrez reafirmó el compromiso del bloque Encuentro Federal con el fortalecimiento del sistema universitario público y advirtió sobre el «grave error que significa debilitar las universidades», tanto en términos educativos como estratégicos para el país.
“Ratificamos nuestro compromiso con este proyecto de ley. Pero también pedimos autocrítica: no tener presupuesto nacional no puede seguir siendo una excusa. Si hay que sesionar por cada tema urgente, hagámoslo. Pero que no se usen excusas políticas para frenar decisiones que el país necesita”, concluyó el schiarettista al apuntar su crítica a la oposición dialoguista (el PRO y la UCR) que se muestra aliada a Milei.
Participación plural
Entre los legisladores nacionales, estuvieron presentes las radicales Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning (UCR), los kirchneristas Gabriela Estévez y Pablo Carro (Unión por la Patria), y una representante de la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal).
También hicieron llegar su adhesión al encuentro, mediante notas, Héctor Baldassi (PRO); Alejandra Torres (Encuentro Federal); Rodrigo De Loredo (UCR); Ignacio García Aresca (Encuentro Federal); y Luis Picat (Liga del Interior–ELI), quienes manifestaron su compromiso de acompañar el debate legislativo sobre este tema.
En tanto, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y María Cecilia Ibáñez (MID) comunicaron que no podían asistir a la reunión.
Una ley para garantizar derechos
La actividad se enmarcó en el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentado por un grupo de rectoras y rectores del CIN ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, junto a la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La propuesta fue elaborada colectivamente en una comisión ad hoc creada tras el plenario del CIN realizado en San Luis en abril de este año.
Durante el encuentro en Córdoba, el rector de la UNC, Jhon Boretto, destacó que las universidades están en una situación crítica. “Necesitamos previsibilidad y un piso de financiamiento que garantice el derecho a la educación superior. Esta ley busca asegurar el funcionamiento de nuestras instituciones y también el futuro de quienes estudian, enseñan e investigan en ellas”.
El proyecto establece un piso básico de recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales, contempla la recomposición salarial y define la fuente de financiamiento sin creación de nuevos impuestos ni afectación del equilibrio fiscal.
En tal sentido, el rector Boretto señaló que se trata de una reorientación de prioridades en el gasto público que reconoce a la educación superior como estrategia de desarrollo económico y social.
