Córdoba. La medida responde a la necesidad de asegurar el avance de actos urgentes de investigación y recibir su declaración como imputado, se dijo desde el Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía de Distrito 4 informó que de las 15 personas detenidas por la protesta del jueves pasado, en reclamo de alimentos y ayuda social, pero que terminó con un ataque a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, quedaron en libertad 14 de ellos en el mismo día de los hechos, luego de la correcta identificación y la verificación de sus antecedentes penales.
El único imputado que sigue detenido es el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, sobre quien la Fiscalía dispuso orden de detención, con notificación inmediata a su abogado defensor.
«La medida responde a la necesidad de asegurar el avance de actos urgentes de investigación y recibir su declaración como imputado, fundamentada entre otras circunstancias en los procesos penales previos que el imputado registra abiertos», se indicó desde la Fiscalía a cargo de Ernesto De Aragón.
En este marco, se precisó que Giuliani se encuentra imputado por resistencia a la autoridad, lesiones leves reiteradas y se le suma la imputación por el delito de amenazas en el marco del ataque a la dependencia municipal. Además, la fiscalía recordó que el referente gremial esta imputado por incitación a la violencia colectiva, en virtud de los hechos ocurridos durante el acto presidencial del 25 de mayo de 2024 en la ciudad de Córdoba.
En el transcurso de la semana se encuentra previsto receptarle declaración y, una vez recibida la misma y cumplimentadas ciertas diligencias de investigación, será revisada la medida de privación ordenada, señaló la fiscalía interviniente.
Al exigir la inmediata liberación de Giuliani, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, afirmó el viernes pasado que “en Córdoba hay un régimen de excepción». «Se han suspendido las garantías constitucionales y el Estado de derecho está en peligro. Con un Poder Judicial parcial y completamente subordinado a (Martín) Llaryora, se degrada la democracia en la provincia”, cuestionó.
Frente a estas expresiones públicas del dirigente gremial, la Fiscalía de Distrito 4 expresó que «actúa con total transparencia, objetividad y compromiso con el interés público, principios rectores del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, existiendo pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales de las partes en el marco del proceso».
Imputaciones
En el marco de la investigación, las personas detenidas resultaron imputadas por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves reiteradas, y, respecto del secretario general de ATE, se sumó la imputación por el delito de amenazas.
A su vez, la fiscalía detalló que se avanza «en el esclarecimiento de otros hechos delictivos vinculados a: daños materiales en las instalaciones y el mobiliario de la oficina municipal, posibles atentados funcionales contra los responsables de la repartición, lesiones a efectivos de la Policía de Córdoba -quienes fueron agredidos con escombros y palos de banderas utilizados a modo de lanzas- y amedrentamiento directo a dos efectivos policiales con amenazas de represalia contra sus vidas durante un intento de disuadir el uso peligroso e ilegal de cubiertas y nafta para encender fuego en la vía pública, así como contener el avance violento hacia los despachos de la Secretaría».
«En paralelo, también se investiga la afectación a la salud de otras víctimas adicionales, entre ellas un niño con trastorno del espectro autista y una mujer de avanzada edad que se encontraban en el edificio municipal al momento de los hechos y debieron ser asistidos por servicios de emergencia médica tras la irrupción violenta», se añadió.
