País. El parlamentario opositor que aspira a renovar la banca aseguró que iniciará acciones legales contra la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, si las leyes no son publicadas.
El diputado nacional que aspira a renovar la banca Esteban Paulón afirmó que se venció el plazo establecido para publicar las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica en el Boletín Oficial y anticipó que tomará medidas legales contra el Poder Ejecutivo.
A través de su cuenta de X, el legislador socialista en el bloque Encuentro Federal apuntó directamente contra la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para dar cumplimiento a la oficialización de las leyes que fueron aprobadas por ambas cámaras del Congreso.
“VENCIDO EL PLAZO, PUBLIQUEN LAS LEYES! Hoy venció el plazo para publicar las leyes Nro. 27.795 y 27.796 de financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (#Garrahan)”, reclamó.
VENCIDO EL PLAZO, PUBLIQUEN LAS LEYES!
— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 17, 2025
Hoy venció el plazo para publicar las leyes Nro. 27.795 y 27.796 de financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (#Garrahan).
Intimamos a la Sec Legal y Técnica y al Director del Boletín Oficinal a su URGENTE publicación.
Caso… pic.twitter.com/9jrsmhbDfR
En la misma línea, el socialista anticipó: “Intimamos a la Sec Legal y Técnica y al Director del Boletín Oficinal a su URGENTE publicación”.
“Caso contrario avanzaremos con las acciones legales en línea con lo iniciado por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el caso de #EmergenciaEnDiscapacidad”, aseguró el opositor.
Ambas leyes fueron vetadas por el presidente Javier Milei tras su sanción. Sin embargo, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores rechazó la voluntad del Ejecutivo e insistió en su implementación.
Este viernes 17, vence el plazo para su publicación en el Boletín Oficial, luego de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la número 27.793, hasta el 31 de diciembre de 2026.
Acerca de la norma de Discapacidad, el Gobierno de Milei activó una maniobra inconstitucional al plantear que su ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento.
