País. El documento, de 204 páginas, identificó un “patrón” vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la “estafa” a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.
El documento, de 204 páginas de extensión y al que accedió Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y dio cuenta de que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias financieras previas muy similares con criptomonedas.
En ese sentido, el informe de la comisión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) indicó que “la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación”, al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.
El titular de la Comisión, Maximiliano Ferraro, señaló que “los hechos analizados serían compatibles con una presunta estafa”.
En este sentido, el diputado Juan Marino (UXP) explicó que “la información, los informes técnicos y el material probatorio reunido a partir del trabajo de la Comisión Investigadora no solamente refuerzan las hipótesis iniciales, sino que también las amplían”.
Por su parte, el diputado Fernando Carbajal (DPS) puso en valor “la cantidad de información que está Comisión ha logrado recaudar durante todo este tiempo, que ha permitido llegar a conclusiones que están sustentadas sobre hechos y pruebas que se han demostrado”.
En su informe, la oposición señaló que “sin la promoción realizada por Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado”. Y resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no pudo determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, “pese a que dicha información no era de circulación pública”.
Según denunciaron, el Presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que “comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado”.
También involucraron en el escándalo por presunta estafa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de “un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional”.
En tanto, cuestionaron a los hermanos Milei y a otros altos funcionarios como Mariano Cúneo Libarona, Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Paulo Starc y Roberto Silva por haberse ausentado a las respectivas citaciones para que brindaran declaración testimonial, y los acusaron de «incumplimiento de deberes» ya que «su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas de esta comisión».
“Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, remarcaron en las consideraciones finales.
“En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales. La promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”, concluyeron los diputados opositores en el informe.
Desde el bloque oficialista, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) sostuvo que «los problemas de esta Comisión acarrean la nulidad de todo lo actuado, lamentablemente, porque hubo diputados que le pusieron mucho esfuerzo». «El desprecio que tienen por las normas reglamentarias y los derechos constitucionales fue una marca registrada, la verdad que es un ejemplo de lo que no debe hacer una Comisión Investigadora”, argumentó.
Además, la diputada Nadia Márquez (LLA) subrayó que durante la reunión hubo 28 diputados presentes y, para que el informe sea válido, “debía tener 15 firmas”. “El informe tiene solo 14”, remarcó.
