Córdoba (14/9/16). La coyuntura abre desafíos para la economía argentina cuyo PBI recién volvería a recuperarse el año que viene; este registraría una caída del orden del uno por ciento según estimaciones de los economistas del CPCE de Córdoba. El gasto público tiene un alto componente inflexible a la baja por su composición, un déficit que no bajará como pretendía la administración y que se cubrirá con deuda y emisión.
Guillermo Pizarro planteó que la mejora del tipo de cambio fue “comida” por la inflación, aunque todavía el nivel es mejor al que recibió la administración macrista. La devaluación de 2014 implicó pasar de un déficit comercial a un superávit que se extendió todo ese año hasta que el rojo volvió a avanzar en 2015; la corrección de enero de este año mejoró un poco la situación sin revertirla totalmente.
El déficit de la balanza de combustibles -crucial desde 2011- comenzó a reducirse en los últimos meses, pero todavía existe. En general todos los rubros de las importaciones presentan una tendencia a la baja, a excepción de Bienes de Consumo y vehículos para pasajeros.
“Es consecuencia de la caída de la actividad -señaló Pizarro-. En lo que hace a las exportaciones, se acentúa la primarización”. En el caso de la balanza industrial, arrastra un déficit de años que nunca se logró revertir.
Sobre el aporte del campo, el CPCE apuntó que desde el récord de los precios en 2013, la soja perdió 45,8%; el maíz 62,9% y trigo 60,9%. “El precio de la soja proyectado hasta julio próximo no es malo para la política que lleva el gobierno adelante; es importante que no baje”, advirtió Víctor Peralta.
En cuanto a la postergación en la baja de las retenciones, Pizarro consideró que el gobierno debe dar señales por esa línea porque al campo ya le hizo un aporte, mantiene los subsidios de los sectores más bajos y la clase media sigue esperando algún gesto “más fuerte”.
A la hora de analizar las cuentas públicas, quedó claro que el gobierno no logrará bajar el déficit como preveía porque no pudo resolver la cuestión tarifaria: entre este año presupuestado y el devengado de 2015 la brecha es del 26,8%. Los subsidios sociales y económicos representan el 79 y el 18 por ciento, respectivamente, del gasto total en transferencias. Sobre el gasto público total esos valores son 65 y 16 por ciento, respectivamente.
En el 2007 de lo que recaudaba el gobierno, 45% iba a transferencias. Hoy es del 80%. José Simonella, presidente del CPCE, subrayó que hay que considerar el impacto de la inflación: “Como proporción de los ingresos es claro el crecimiento”.
“Las transferencias sociales equivalen al 79% lo que demuestra la inflexibilidad del gasto; pudiendo acomodar tarifas el gasto público podría bajar alrededor del 20%. Por eso Argentina necesita generar empleo”, indicó Simonella.
En esta administración la deuda externa aumentó unos 32.000 millones de dólares, elevando el ratio deuda pública/PBI hasta el 46%.
El trabajo del CPCE también planteó que el stock de Lebac resulta altamente costoso para el Central por los intereses a pagar; la política monetaria contractiva -como medida antiinflacionaria- afecta a los préstamos y depósitos del sistema: préstamos caen en términos reales y aumenta la participación de los personales mientras que los depósitos se contraen en términos reales, entre otras cuestiones, por el atractivo de las Lebacs.
“Más de la mitad de la base monetaria vence en 30 días -dijo Pizarro-. En algún momento el gobierno deberá desarmar su colocación de Lebacs; la incógnita es a dónde irá ese dinero”.
Del análisis se desprende que el sistema financiero argentino evidencia dimensiones reducidas respecto a otros países: los ahorros están muy por debajo de la media de la región (en el país es del 18% del PBI cuando la media de Latinoamérica es del 39%).
Hay un espacio para que crezca el ahorro para que haya inversión; también el mercado de capitales es muy reducido. Simonella comentó que “los argentinos no ahorran en el sistema formal. Por eso a las empresas se les hace difícil financiarse”.
