Cordoba (8/3/17). Comenzaron a funcionar en el espacio las Unidades Judiciales de Violencia Familiar y de Delitos contra la Integridad Sexual.
Este miércoles, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, junto al Fiscal General, Alejandro Moyano, inauguraron los nuevos espacios para la recepción de las denuncias judiciales de Violencia Familiar y de Delitos contra la integridad Sexual.
Así, el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia, además de brindar asistencia y protección, permitirá a las mujeres acceder a los servicios de justicia en el mismo espacio. De esta manera, se evitará que las víctimas deban trasladarse a las Unidades Judiciales para radicar las denuncias como ocurría hasta el momento.
Las nuevas oficinas que se ubican en el edificio del Polo, ubicado en Entre Ríos 680, constituyen un avance en la simplificación y agilización de los trámites que se originan por las denuncias y permitirán brindar soluciones más eficaces en un mismo ámbito físico, afirmaron fuentes de gobierno.
Esta acción se enmarca en el trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, El Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal, para otorgar una respuesta coordinada e integral a la complejidad que implica para las mujeres estar atravesando una situación de violencia familiar.
Vigo en el día de la mujer
La secretaria de Equidad y Promoción del Empleo dijo que la provincia de Córdoba está a la cabeza en cuanto a políticas de género en el país.
Alejandra Vigo realizó esas expresiones durante la inauguración de los dos nuevos espacios para la recepción de las denuncias judiciales de Violencia Familiar y de Delitos contra la integridad Sexual, que funcionarán en el ámbito del Polo Integral de la Mujer.
“Con este Polo y con las dos unidades judiciales que estamos inaugurando, Córdoba se pone en la punta del iceberg en cuanto a las políticas de género en el país”, afirmo Vigo.
En ese sentido, sostuvo: “Significan nuestra voluntad inquebrantable de trabajar en donde el gobierno y el Estado tienen que trabajar: en la contención de las víctimas y la atención de los victimarios, por una parte. Y por otro lado, en la obligación de promover y difundir una convivencia sin violencia”.
