Córdoba (6/7/17). El legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, salió al cruce de los dichos del titular de la bancada oficialista, Carlos Gutiérrez, quien señaló que «Cambiemos no quiere saber la verdad sobre Odebrecht».
La espada schiarettista en la Unicameral había expresado a La Voz que le «llama la atención» que el Gobierno de Cambiemos «vaya en la dirección contraria a la estrategia que siguen unos 10 países involucrados en esta problemática para desentrañar en serio los hechos de corrupción».
La contraofensiva opositora no se hizo esperar. El parlamentario juecista cargó duro contra el jefe del bloque de UPC, al sostener que «con mucho cinismo se quiere hacer pensar que el Gobierno de Córdoba quiere saber la verdad sobre Odebrecht, mientras que el Gobierno nacional no hace nada al respecto».
En ese sentido, Quinteros rebatió las afirmaciones de Gutiérrez, argumentando que «Argentina avanza en el mismo sentido que el resto de los gobiernos que fueron tajantes con la empresa Odebrecht, actora central de la trama de corrupción el más grande de Latinoamérica y el mundo».
«El único estamento gubernamental que se expresó a favor de Odebrecht fue el Gobierno de la Provincia de Córdoba cuando, nada más y nada menos, que el propio gobernador de la provincia Juan Schiaretti, expresó que la empresa brasileña ‘trabaja bien y barato'», contragolpeó el opositor.
Al exponer el caso colombiano de la empresa Navelena, una UTE con mayoría de Odebrecht, donde se declaró incumplimiento definitivo de la sociedad, ya que la empresa no consiguió el financiamiento con el que se había presentado a la licitación y por ende, debió pagar 55.000 mil millones de pesos colombianos, el legislador juecista disparó munición gruesa contra el Gobierno de UPC que salió a tomar deuda para hacer la obra de los gasoductos cuando se cayó el financiamiento que la licitación obligaba a Odebrecht.
«Ante la imposibilidad de que la empresa consiguiera el financiamiento requerido, la Provincia de Córdoba fue la que salió por el mundo a tomar deuda para garantizar la continuidad de Odebrecht. No se exigió el pago de multa alguna por incumplimiento de la licitación, ni se volvió a licitar como se hizo dos veces con los tramos que iban a ser financiados por los chinos», resaltó el parlamentario.
Quinteros enfatizó además que resulta «ofensivo escuchar al oficialismo decir, sin ruborizarse, este tipo de barbaridades. Nada dicen, por ejemplo, de cuando fueron los funcionarios provinciales a la Legislatura a presentar estos proyectos y les advertimos, a principios de 2016 y con la obra recién preadjudicada, que Odebrecht estaba envuelta en el más escandaloso caso de corrupción conocido en el mundo al tiempo que contestaban ´no conocer´ esos hechos».
«Lamentablemente el tiempo nos terminó dando la razón y Odebrecht, expulsada y multada en todo el continente por hechos de sobornos y sobreprecios, encontró en Córdoba su lugar en el mundo. Para Odebrecht, Córdoba es la Isla de la Fantasía», acentuó Quinteros.
Acuerdo de Cooperación Judicial
El legislador del interbloque de Cambiemos se refirió a este acuerdo del 16 de febrero de este año, suscripto a los fines de investigar a la brasileña Odebrecht y que fuera motorizado por la Procuraduría General de Brasil asistiendo al mismo fiscales de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, países en los que se investigan los casos de corrupción de la empresa.
En dicho acuerdo se especificó que cada país podrá actuar con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional. Adicionalmente, se hizo hincapié en que cada uno solicitará la recuperación de los activos y la reparación integral de los daños causados por esos ilícitos, incluyendo el pago de multas, según cada legislación particular.
República Dominicana. En enero de 2017 El Ministerio Público solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones inhabilitar temporalmente a Odebrecht en todo proceso de licitación pública.
Panamá. El gobierno panameño adoptó medidas para evitar adjudicaciones al Grupo Odebrecht y refrendación de contratos de licitación pública El Gobierno presentó el 20 de febrero una demanda penal contra la empresa Odebrecht. El gobierno de Juan Carlos Varela basó su querella en los delitos contra el orden económico y la administración pública. Panamá quiere reclamarle a Odebrecht los fondos públicos que pudieron convertirse en sobornos.
Ecuador. Las autoridades ecuatorianas anunciaron una investigación, pero ya habían expulsado a Odebrecht en 2008 por lo que calificaron como «mala gestión». El 3 de enero de 2017 se prohibió a las instituciones públicas contratar con Odebrecht.
Perú. El Estado peruano no volverá a contratar a la constructora brasileña Odebrecht de por vida, y le obligó a cumplir con sus deudas en Perú antes de transferir sus recursos al exterior. Al respecto el Presidente de la Nación Pedro Pablo Ruckcynski, en cadena nacional, fue tajante al respecto.
Venezuela. El Ministerio Público en su página web indica que logró el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias de Odebrecht. Además, siguiendo con la línea de que no trabajen en el país, el presidente Nicolás Maduro dio la orden de “retomar todas las obras que estaban en manos de Odebrecht” y que sean construidas con inversión venezolana.
Colombia. De acuerdo con la Ley Anticorrupción, en caso de condenas por casos de corrupción de los socios de este u otro proyecto, habría que declarar inválido el contrato y abrir una nueva licitación. También contempla sancionar con una inhabilidad para contratar con el Estado a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con soborno transnacional. Sin embargo, como Odebrecht solicitó un principio de oportunidad, que lo eximiría de un proceso penal, podría ceder su parte a los otros socios del concesionario o a un tercero, con lo cual las obras seguirían adelante.
Argentina. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y Obras Públicas prohíbe a Odebrecht participar en procesos de contratación de obras públicas durante un año. La Cámara de Diputados de la Nación da media sanción a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria.
