País (1/12/17). La acción penal prescribe a los seis años de la comisión del delito. En caso de deceso del actor físico del delito, el proceso contra las persona jurídica continúa.
El Gobierno promulgó este viernes la ley 27.401, que establece el régimen de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas y castiga la corrupción empresaria ante delitos de cohecho, tráfico de influencias, exacciones ilegales, y enriquecimiento ilícito, entre otras.
El decreto 986/2017 publicado en el Boletín Oficial promulga la norma y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano.
El proyecto impulsado por el Gobierno fue convertido en ley el mes pasado por la Cámara de Diputados, luego de que el Senado aplicara cambios al proyecto que originalmente había aprobado la Cámara Baja.
Las modificaciones realizadas por la Cámara alta extienden el objeto de la ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con la función pública; enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.
Asimismo, se acordó que la acción penal prescriba a los seis años de la comisión del delito, y que en caso de deceso del actor físico del delito, el proceso contra las persona jurídica continúa.
A su vez, se fijó que en caso de «responsabilidad sucesiva», es decir, cuando la persona jurídica se reconvierta, fusione o tome otro nombre, permanezca la responsabilidad penal.
En cuanto a las penas, las multas se tienen que cuantificar entre el 2 o 5 por ciento del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito.
Tras aprobarse dicha norma, la titular de la Oficina Anticorrupción (AO), Laura Alonso, sostuvo que esta ley “es un gran avance, ya que hablar de transparencia e integridad tienen que ver con cambiar la reputación”, y agregó que esta iniciativa “no sólo penaliza la corrupción, sino que introduce buenas prácticas”.
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