La Justicia porteña hizo lugar a cautelar del Frente de Izquierda y suspendió audiencia por tarifazo en el subte

CABA (6/3/18). El juez Guillermo Scheibler dio lugar a una medida cautelar presentada por los diputados porteños Myriam Bregman y Patricio del Corro (PTS-FIT), junto a Claudio Dellecarbonara, trabajador del subte y miembro de la Comisión Directiva de la AGTSyP; Brenda Hamilton, presidenta del CEFyL, y Marilina Arias, de la comisión directiva del sindicato docente ADEMyS, en la que se cuestionaba la falta de información para el nuevo aumento de tarifas del subte, que pretendía llevar el boleto a $ 11 a partir de abril y a $ 12,50 desde junio.

La diputada Myriam Bregman, del PTS-Frente de Izquierda, confirmó el fallo y sostuvo que “el juez nos dio la razón a la cautelar que presentamos y confirmó que pretendían una audiencia folclórica sin dar ninguna fundamentación para el tarifazo de 66% que querían imponer».

«Ni el Gobierno de la Ciudad, ni SBASE ni Metrovías han dado información sobre los costos reales en que se apoyan para este tarifazo, y mantienen como un secreto de Estado la tasa de ganancia que todos los porteños le estamos subsidiando a la empresa Metrovías, que en 2017 estimamos debe haber superado largamente los $ 2.000 millones en aportes públicos”, advirtió.

En tanto, el diputado Del Corro manifestó que “esto es más urgente aún porque no se sabe qué hace esta empresa privada con los millones de subsidios recibidos, ya que el servicio sigue siendo muy pobre. Mientras, el PRO se niega a cualquier auditoría de qué se hizo con toda esa plata y solo pretende aumentar las tarifas para garantizar los negocios de las empresas que están peleando por el botín de la licitación del servicio para el año que viene”.

Para finalizar, Bregman cuestionó a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, porque «se los ve mucho más preocupados por el aumento que en corregir las fallas graves que ponen en riesgo la vida de los usuarios y trabajadores, como se confirmó estos días con los materiales cancerígenos que tienen los coches usados comprados en un negociado con el Metro de Madrid».

«En los últimos años murieron cinco compañeros del subte trabajando. Necesitamos que el servicio esté bajo el control de los trabajadores y los usuarios”, enfatizó la legisladora de izquierda.