Córdoba (16/4/19). Con un resultado ajustado, el oficialismo aprobó hoy en sesión especial la ordenanza que fija el debate obligatorio para los postulantes a la intendencia capitalina. Desde la UCR se afirma que la iniciativa tendrá cumplimiento efectivo a partir de esta campaña. Se avizora otra polémica que terminará en la Justicia.
En la sesión especial del Concejo Deliberante, para dar aprobación a este único proyecto, los ediles radicales apuntaron de lleno contra el candidato peronista Martín Llaryora que ya adelantó que no será parte de los debates.
Su negativa activó la estrategia del radicalismo que fue promovida por el postulante a la intendencia, Rodrigo de Loredo. La UCR y otros referentes políticos sostienen que el debate de los candidatos es «una práctica sana y democrática» y un derecho de los ciudadanos para conocer las propuestas.
Con la ausencia de los concejales que integran el bloque de Unión por Córdoba y de tres ediles de Vamos, más la inasistencia de la peronista Victoria Flores, el oficialismo logró con lo justo sacar la aprobación de la ordenanza.
Para ello recibió el apoyo de dos concejales de la bancada de Fuerza de la Gente (Martín Llarena y María José Almada), aunque desde filas riutoristas advirtieron que este tema y otros asuntos forman parte de un proyecto más integral de reforma electoral que el oficialismo se negó a tratar durante años.
A la hora de la votación, 15 concejales se expresaron por la afirmativa, contra dos por la negativa (los ediles Marcelo Pascual y María Eugenia Reales). En tanto, hubo 14 ausentes, entre ellos, los peronistas que se negaron a integrar esta sesión en rechazo al proyecto oficialista.
“Hoy vamos a sacar una ordenanza que va a regular el sentido común, realmente queremos escuchar a los candidatos», argumentó el radical Gustavo Fonseca.
Su par de bancada, Lucas Cavallo, destacó: «Nos vemos obligados a legislar, ya que hay candidatos que no sólo no son de Córdoba sino que no quieren debatir sus propuestas».
«Los ciudadanos deben castigar con su voto al candidato que no debata», aseveró Laura Sesma, quien argumentó su voto positivo al considerar que la iniciativa «es un avance enriquecedor para mejorar la calidad democrática y republicana».
No hay voluntad política de debatir
De esta manera se pronunció el jefe del bloque oficialista, Lucas Balian, al disparar munición gruesa contra el peronismo por no querer debatir en este tiempo de campaña electoral.
«Queremos saber si la oposición está de acuerdo o no con el debate. Al ausentarse del recinto y ante la agresión de diferentes concejales de la oposición, evidentemente está demostrado que no tienen ninguna voluntad de debatir«, resaltó.
En declaraciones a Agenda 4P, el radical recordó que el propio Llaryora sostuvo hace dos años que «el que no debate tienen cosas para ocultar». En ese sentido, lanzó su crítica: «Evidentemente, nosotros inferimos que el que tiene cosas para ocultar ahora es el candidato del oficialismo provincial«.
«Probablemente no quiera debatir porque como todavía está flojo de papeles, y todavía no sabe si va a poder ser el candidato o no, depende de lo que dictamine la Justicia en las próximas horas, probablemente sea eso», puntualizó Balian.
La espada oficialista en el Concejo rechazó los planteos jurídicos que ya se escuchan en boca de la oposición por los cuales se advierte que esta ordenanza no pueda ser aplicada en esta campaña electoral municipal.
«Hay un profundo desconocimiento del derecho electoral que tiene la oposición. Que una elección desde el punto de vista operativo se lleve adelante por la Justicia Electoral provincial eso no invalida de ninguna manera la jurisprudencia, ni la legislación a nivel local«, enfatizó.
Ante la consulta de este medio digital, Balian no descartó que este otro frente de disputa que se abre con la aplicación de la ordenanza de los debates obligatorios, termine en la Justicia por la negativa del postulante de Hacemos por Córdoba.
«Ordenanza aprobada, ordenanza que debe ser cumplida«, ratificó el concejal radical a Agenda 4P, quien dejó planteada la posibilidad de que si Llaryora reafirma su postura de no debatir se llegue a una instancia judicial.
