Córdoba (16/10/19). La iniciativa impulsada por la legisladora Liliana Montero propone la “creación, regulación e implementación obligatoria de un protocolo para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en la administración pública provincial”.
La propuesta abarca a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado provincial, Tribunal de Cuentas de la Provincia, entidades descentralizadas, entidades autárquicas, bancos, empresas, sociedades del estado provincial y sociedades de economía mixta del estado provincial y/o cualquier órgano dotado de potestad pública.
Y se canalizaría por medio de la Secretaría de lucha contra la violencia a la mujer y trata de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En los fundamentos del proyecto, Montero hace hincapié en los avances vividos en los últimos tiempos “el Estado ha demostrado algunos avances en la prevención y erradicación de la violencia de género, a partir de la legislación e implementación de políticas públicas específicas y la adhesión a tratados y convenciones internacionales sobre derechos de las mujeres”.
Sin embargo, plantea: “Sabemos que no siempre las normas resultan operativas “per se” por lo que es necesario instalar mecanismos y herramientas para lograr su efectiva y eficiente aplicación” .
Protocolo
Entre otras cosas describe quiénes serian los sujetos comprendidos; qué se entiende por acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral desde una perspectiva de género; las conductas alcanzadas; el procedimiento sugerido para actuar en estos casos y la creación de unidades especializadas en violencia contra las mujeres.
En cuanto a las conductas alcanzadas incluye agresión física, acoso y/o agresión sexual; acoso moral o psicológico; hechos de connotación sexista y/o violencia simbólica; económica y patrimonial.
Respecto al procedimiento, entre otras recomendaciones, se propone que las victimas deberán dirigirse al área que se haya designado como “unidad especializada en violencia contra las mujeres”; allí se receptará por escrito una exposición detallada de los hechos relatados por la propia afectada: el superior que tome conocimiento que un agente de su área fuere agresor deberá elevar un escrito dando cuenta de ello a dicha área; y la mujer afectada deberá ser informada de los derechos que la asisten.
La implementación de un Protocolo sería “dar una respuesta inmediata a las situaciones de violencia de género y brindar mayor certidumbre a las víctimas y a su entorno en cuanto a cómo proceder frente a un episodio violento que se produce en su contexto laboral o funcional”, argumentó la parlamentaria en la presentación del proyecto que ingresó este martes a la Unicameral.
