Mendoza/País (28/12/19). Así lo aseguró el vicegobernador en referencia a la ley 9.209, que permitía el uso de sustancias químicas para la explotación minera. Los asambleístas realizarán marchas de vigilia este domingo y el lunes.
El vicegobernador de Mendoza, Mario Abed, dijo que «el lunes a la tarde se termina esto», en referencia a la derogación de la ley 9.209, mientras que los asambleístas realizarán marchas de vigilia mañana y el lunes en el centro de la provincia cuyana.
Estas declaraciones son parte de las repercusiones por la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de pedir el viernes por la noche la derogación de la ley que permitía el uso de sustancias químicas, como el cianuro, para la explotación minera, y que modificaba la antigua ley 7.722 que regía a la actividad de este sector en la provincia.
En un comunicado, el Gobierno de Suárez anunció que el lunes se enviará el proyecto a la Legislatura, donde primero lo tratará la Cámara de Senadores y luego la Cámara de Diputados para que se restablezca la ley.
“El pueblo es el soberano, y nosotros lo escuchamos”, aseguró el mandatario radical aliado del ex gobernador Alfredo Cornejo.
“Después de haber escuchado a los intendentes decidí enviar la derogación de la ley 9.209 y el restablecimiento de la ley 7.722 en toda la provincia, eso tiene que ver que si bien esta ley es legal no tiene la legitimidad del pueblo”, sostuvo Suárez, tras la reunión que mantuvo ayer con los jefes comunales y legisladores provinciales.
“No dimensionamos esto y como Gobernador asumo toda la responsabilidad que tenga que asumir”, destacó el titular del Ejecutivo mendocino.
Luego de confirmar esta decisión que comunicó a todos los legisladores provinciales, quienes están de acuerdo de avanzar en este sentido, el mandatario transmitió tranquilidad a todo el pueblo de Mendoza y solicitó que “cesen los cortes y las protestas que no tiene razón de ser. Este es un Gobierno que escucha”.
Por su parte, los asambleístas efectuarán marchas de vigilia este domingo y el lunes a la espera de que se oficialice la derogación de la norma fuertemente cuestionada por la población mendocina.
