Córdoba. La buena sintonía entre UPC y radicalismo se volvió a poner de manifiesto con motivo de la sanción de la ley que aprobó el decreto N° 525 por el que se establece principios básicos de garantía del pleno ejercicio de la libertad de expresión, opinión y prensa en el territorio cordobés.
Días antes, la Vicegobernadora Pregno y el intendente Mestre daban cuenta de la buena relación “institucional” cuando se presentaron los terrenos seleccionados para la disposición final de los residuos de la ciudad de Córdoba y el área metropolitana. En esa oportunidad, el jefe comunal capitalino expresaba que había encontrado un gobernador maduro y dispuesto a trabajar en conjunto.
El decreto en defensa de los medios que están “en peligro” según De la Sota, fue rubricado por todo el gabinete de ministros -el día 17 de mayo- y enviado a la Unicameral, por entender que hubo acciones del gobierno K en contra de la prensa.
La votación en el pleno legislativo arrojó el siguiente resultado: UPC, UCR y el bloque unipersonal de Rubén Borrello a favor de la iniciativa delasotista. El Frente Cívico la rechazó y el legislador Aurelio García Ellorrio se abstuvo en la votación. Estuvo ausente con aviso la parlamentaria Liliana Olivero.
Cabe resaltar la actitud autónoma -entendible y previsible- de los legisladores K Fernando Salvi y Héctor Muñoz que pidieron la palabra para fundamentar su rechazo a la iniciativa.
El presidente de la bancada oficialista, Sergio Busso defendió la ley que aprobó el decreto del Ejecutivo provincial, manifestando que “en el marco de la ley y la Constitución; en defensa del pueblo de Córdoba, del estado de derecho y de acuerdo a las facultades que tiene la provincia”, es que prestamos aprobación a la norma.
El parlamentario de UPC criticó en duros términos el avance del gobierno nacional sobre la prensa, expresando que el poder central busca “acallar” a los medios y bajo la concepción, de que el “ejercicio del poder debe ser absoluto. Los que piensan distinto son enemigos y golpistas”.
“Ante un riesgo cierto e inminente, el gobernador actuó con responsabilidad”, afirmó Busso. A lo que añadió que en Córdoba “están resguardadas las garantías de libertad de expresión, opinión y prensa por un poder judicial independiente, por un gobierno y por el pueblo de Córdoba”.
Por su parte, el parlamentario del Frente Cívico, Ricardo Fonseca, expuso el rechazo del bloque juecista, cuestionando que De la Sota “no tiene autoridad moral para enviar este decreto de libertad de prensa”.
Advirtiendo que “seguimos ratificando la libertad de prensa y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Fonseca expresó: “libertad de prensa, si. Farsa, no”. Y agregó que: “si se encuentra en peligro, es producto de De la Sota”.
A su vez, el presidente del bloque radical, Eduardo Yuni destacó la irrestricta defensa de la UCR de la libertad de prensa” aprobando la ley. También, cuestionó el proceder del gobierno K, subrayando que “una vez más, levantamos nuestra voz contra cualquier gobierno opresor”.
En ese sentido, el legislador riocuartense se plegó al reclamo del oficialismo, denunciando “atropello contra los periodistas por parte del gobierno nacional”.
A su turno, el parlamentario Fernando Salvi argumentó su voto negativo, señalando que el decreto es “innecesario y hasta peligroso”. “No acompañaré el proyecto porque no agrega nada nuevo” a lo que ya está consagrado por la Constitución, afirmó.
Compartiendo el rechazo de su par de bancada, el legislador Héctor Muñoz enunció: “no veo el avasallamiento sobre las libertades. No peligra la libertad de prensa, no hay riesgo”. Y apuntó a que se debe garantizar “la plena vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales”.
Decreto en síntesis
-Garantiza pleno ejercicio de la libertad de expresión y de opinión. Vigencia absoluta de la libertad de prensa.
-Estas libertades se ejercen de acuerdo a los principios de la Constitución Nacional, los tratados internacionales con rango constitucional y la Carta Magna provincial.
-Amplio e irrestricto alcance de las libertades por cualquier medio, soporte o vía por la que se manifiesten.
-Toda acción de la autoridad que restrinja, altere o censure dichas libertades resultarán nulas, salvo fundados actos de la justicia provincial.
-Se prohíbe la ejecución de actos administrativos que dispongan intervención y la designación de veedores en los medios de comunicación en la provincia. Y no estarán sujetos a expropiación.
-Embargos, secuestros y ejecuciones contra los medios o periodistas no podrán tener carácter preventivo y sólo se efectivizarán sobre los bienes necesarios para el ejercicio libre de su actividad, en la medida que no existan otros bienes para garantizar el pago de deudas. Se deberá resguardar la libertad de prensa o expresión.
(*) Imágenes. Gentileza Prensa Poder Legislativo
