Córdoba. El Alto Cuerpo expresó que “la administración del propio patrimonio constituye una actividad compatible con el cargo de juez o funcionario del Poder Judicial de la provincia”. El pronunciamiento del TSJ, fue en respuesta a la denuncia formulada por la titular del gremio de Judiciales, Irina Santesteban, al programa ADN (Canal 10).
En un informe emitido ayer por el programa ADN, Santesteban acusó a García Allocco de tener actividades agropecuarias paralelas a la judicial y de estar inscripto como comerciante, para la cría de ganado y cultivo.
En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia manifestó que “la explotación agrícola de un campo, sin dimensión empresarial, que es propiedad del actual presidente del TSJ, ya fue motivo de análisis por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en el año 1995, cuando se desempeñaba como Vocal de la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Marcos Juárez”.
En esa oportunidad, el Jurado de Enjuiciamiento desestimó una denuncia presentada contra García Allocco y consideró que “la prohibición de ejercer actividades comerciales o industriales para los jueces no quiere decir que el magistrado, como ciudadano que es, no puede realizar actos de carácter civil, que la misma vida en sociedad exige”.
Además, en dicha resolución, se dejó constancia de que el artículo 452 del Código de Comercio, al referirse al contrato de compraventa mercantil, “expresamente excluye de esa categoría a las ventas que hacen los labradores y hacendados de los frutos de sus cosechas o ganados”.
También, el TSJ explicó que “el Código de Ética establece que el ejercicio de la administración de Justicia es incompatible con la actuación profesional o con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio”.
Por ello, “el Tribunal de Ética Judicial tiene dicho que esta regla permite las actividades relacionadas con el manejo de los propios bienes”, añadió.
Guardias mínimas en las dependencias judiciales
Por otra parte, ante el conflicto gremial que afecta al Poder Judicial, el Alto Cuerpo resolvió implementar un sistema de guardias mínimas en todos los juzgados, cámaras, fiscalías y unidades judiciales. También, la medida adoptada por el TSJ, comprende a las distintas áreas de la Administración General y a la Policía Judicial.
La acordada, busca “salvaguardar en la proporción necesaria los intereses de todos”, afirmaron en un comunicado que destaca a los ciudadanos en primer lugar y a los abogados en su condición de profesionales trabajadores.
En cuanto a su implementación, los vocales del TSJ consideraron que “cada organismo judicial es quien mejor se encuentra en condiciones de evaluar si es necesario aplicar las guardias mínimas y cómo integrarlas entre los agentes”.
En concreto, señalaron que en cada dependencia judicial haya, “por lo menos, un mínimo de dos agentes para la atención del público”. En tanto, en las áreas de la Administración General y en la Policía Científica de Policía Judicial, por sus características singulares, “tales decisiones deberán ser adoptadas por los respectivos directores”.
