Nacionales/Córdoba. El presidente de la Corte Suprema de Justicia negó terminantemente que se haya hecho un “pacto” con el gobierno nacional por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ayer, el máximo tribunal la declaró constitucional en todos sus artículos. Pronunciamiento del Grupo Clarín y del AFSCA Córdoba.
La diputada Elisa Carrió expresó a TN que “Lorenzetti entregó la Ley de Medios a cambio de la caja del Poder Judicial”. Ante la acusación y consultado por radio Continental, el titular de la Corte le respondió: «Tengan toda la tranquilidad que la Corte no ha hecho ningún pacto con nadie”.
“Somos muchos, con opiniones diferentes y cualquier tipo de pacto sería absolutamente conocido. ¿Cómo vamos a hacer un pacto sobre un tema tan complejo como éste?», señaló.
Tras el planteo judicial del Grupo Clarín sobre 4 artículos de la Ley de Medios, finalmente, tras 4 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, el máximo órgano de justicia declaró su constitucionalidad por mayoría de sus miembros.
También señaló que “deben protegerse los derechos de propiedad de los licenciatarios mediante una indemnización” y aseguró que es “en la etapa de aplicación de la ley en donde deben resolverse muchas de las cuestiones que se plantearon en este juicio”.
Los jueces afirmaron que deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; el AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso.
¿Qué dice Clarín?
Por su parte, desde el grupo empresario de medios, tras conocido el fallo, destacaron que “respeta las decisiones judiciales” y, al mismo tiempo, manifestaron que “analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales”.
Para el Grupo Clarín, tanto la ley como el fallo, “violentan abiertamente los derechos adquiridos”, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante.
Y lo que persigue el gobierno es silenciar a “medios que hoy ejercen periodismo crítico”. Además, de que “la verdadera intención del gobierno con esta ley, ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción. Hoy más del 80 por ciento de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo”, afirmaron.
En cumplimiento del fallo, que para Clarín, cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación, el grupo empresario exigirá que se adecúen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, en alusión al AFSCA.
En ese sentido, adujeron que de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas.
Constitucionalidad de la ley
En relación a su pronunciamiento, la Corte argumentó que “la ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos”.
Además, ratificó que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal.
La posición del Alto Cuerpo, sobre la libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad. Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes.
Alegaron que, en este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado.
La mayoría de los miembros de la Corte (6 votos) se pronunciaron a favor de la constitucionalidad general de la Ley de Medios, con la disidencia del Dr. Fayt. Sobre la aplicación de la ley en lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad, hubo 4 votos por la mayoría (Lorenzetti, Highton, Petracchi y Zaffaroni), dos votos con disidencias parciales (Argibay y Maqueda) y un voto por la disidencia (Fayt).
En este punto, se señaló que no hay en la causa una prueba de que exista una violación de la libertad de expresión derivada de la ley (planteo de Clarín) y que el modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada. Si así fuera, ninguna ley que proteja el interés general podría ser eficaz.
AFSCA local
Carlos Vicente Delegado del AFSCA en Córdoba, resaltó el profundo valor democrático del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró constitucional todos los artículos de la Ley de Medios que habían sido judicializados por el Grupo Clarín. “Se ratificó que los intereses patrimoniales de una corporación no pueden estar por encima del derecho a la comunicación de todo un país”.
«Ahora podremos aplicar la cláusula desmonopolizadora que tiene una importancia enorme para democratizar los medios», destacó Vicente a Canal 10.
