A esto se sumó, el pase a pasividad de 4 policías que promovían un nuevo acuartelamiento y la decisión del fiscal Garzón de detener a 16 policías por la huelga policial que se inició el 2 de diciembre del 2013.
Ante este panorama, De la Sota solicitó anoche al gobierno nacional el envío de la gendarmería a territorio cordobés. Fue el Jefe de Gabinete, quien confirmó -por instrucción de la presidenta- la decisión conforme al pedido del mandatario provincial.
“El secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha establecido los mecanismos necesarios para el envío de 1.000 agentes federales, en materia de seguridad preventiva frente a eventuales acciones por parte de la Policía de la provincia de Córdoba”, señaló Capitanich.
En ese sentido, reiteró que “tiene que quedar claro que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana, puede extorsionar a los gobiernos portando armas”.
Sobre el rol de fiscales y jueces, Capitanich aseguró que “deben actuar con absoluta fidelidad al deber de identificar a los responsables de este tipo de hechos y acciones vandálicas”.
“En las provincias argentinas, nadie puede estar sometido a procesos extorsivos de carácter permanente. En consecuencia, el respaldo de la presidenta es precisamente para garantizar el orden institucional en cada una de las jurisdicciones, a partir de la participación de las fuerzas de seguridad provincial”, concluyó.