Córdoba. La Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra y grupos de vecinos señalaron que la nueva ley que pretende aprobar el oficialismo es “pro-Monsanto y no responde a las verdaderas necesidades ambientales de la provincia”.
Asambleas y grupos de vecinos autoconvocados de todo el territorio cordobés, y la Coordinadora provincial denunciaron que el debate sobre una nueva ley de ambiente es “una maniobra para favorecer la instalación de Monsanto y continuar con el monocultivo de soja, los desmontes y el desmanejo de las cuencas, sin responder a las verdaderas necesidades ambientales de la provincia”.
Por ello, exigieron que se declare la Emergencia Ambiental, se respeten los derechos de las poblaciones y que se legisle en favor de la salud. “El pueblo de Córdoba ha remarcado esta exigencia con dos grandes marchas en 2013, denuncias, encuentros, análisis técnicos y propuestas concretas”, indicaron desde la Coordinadora.
Para los defensores del ambiente, la presentación del proyecto delasotista en la Unicameral, busca “ponerle un freno a la movilización y ampliar el campo de maniobras para que la multinacional Monsanto pueda instalarse en Malvinas Argentinas”.
A su vez, manifestaron que luego de las grandes movilizaciones populares contra la radicación de Monsanto, pidieron “una reacción del Estado, ante la crítica situación que atraviesa la provincia en materia ambiental”.
Con motivo del 4º Encuentro de la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra, realizado recientemente en Río Ceballos, los ambientalistas rechazaron la nueva ley ambiental por considerarla que “deja en manos del Ejecutivo provincial la planificación productiva de la provincia, mientras los sectores populares rechazamos el modelo depredador que impone el gobierno de De la Sota”.
En cuanto al ordenamiento territorial, “la nueva ley impone un ordenamiento a medida de Monsanto y los especuladores inmobiliarios, ya que el Ministerio de Ambiente lo elaborará en base a los criterios de la Ley de bosques -mejor conocida como Ley de desmonte- que avanza en la depredación de los bosques nativos, la expansión de la frontera agraria, y el despilfarro de los recursos hídricos”, criticaron.
En ese sentido, destacaron que la “participación ciudadana” quedaría resumida a una vaga consulta (Art. 7) sin especificar métodos, alcances o incidencias. Este ordenamiento territorial provincial liquida los procesos de ordenamiento territoriales participativos que se vienen desarrollando en localidades como San Marcos Sierras o Capilla del Monte”.
Por último, hicieron foco en la falta de sanciones en el proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en Comisiones de la Legislatura provincial. “El carácter reaccionario de la ley se revela en que en todo el articulado no existe un sólo punto que establezca sanciones, planes de reforestación, saneamiento o reparación ante el incumplimiento de la Ley y las consecuencias de un impacto ambiental negativo de los emprendimientos productivos”, precisaron.
“Por el contrario se plantean premios e incentivos para aquellas empresas que ‘reduzcan la contaminación’ según lo considere el ministerio de Ambiente. De esta forma se institucionaliza la contaminación y se premia con subsidios a las patronales contaminantes”, concluyeron.
