Córdoba. El trabajo del CPCE analiza los posibles efectos de las medidas tomadas por la Nación en el recorte de subsidios de gas y agua.
La entidad que nuclea a los profesionales de las ciencias económicas, analizó el efecto de la reasignación de subsidios que comenzó a instrumentar el gobierno nacional, por ahora, en los servicios de agua -no alcanza a Córdoba- y gas, mientras se espera que el ajuste se extienda al sector energético.
Entre los resultados del trabajo del CPCE, se cuentan un posible ahorro en las cuentas públicas, aunque depende del consumo final de gas, y un impacto negativo en el ingreso disponible de los sectores medios, que pagarán más por el servicio y tendrán menos dinero para otros gastos.
La evolución del gasto público en transferencias (subsidios) fue mayor que la del gasto total, con una tasa de variación internanual que va modificándose conforme al nivel de actividad.
Las transferencias en Servicios Sociales están integradas -por orden de importancia- por seguridad social, educación y salud. Desde el 2007, se registra un incremento en Seguridad Social de 9 puntos y una baja de 3 en educación.
En el caso de las transferencias en Servicios Económicos -que significan casi un cuarto del global de subsidios- se conforman por Energía, Combustibles y Minería y Transporte; esos son los dos componentes que en valores absolutos son los más importantes y, además, impulsan el alza de subsidios y también del gasto público total. La participación de Energía es ascendente y la de Transporte perdió peso en los últimos tres años, se detalla en el trabajo de análisis.
Desde 2007 hasta el año pasado, se registra una pérdida de la importancia de las transferencias a servicios sociales respecto al global (cae 10 puntos en el período analizado) y esa participación pasa a engrosar los subsidios económicos.
Mientras que los subsidios sociales mantienen en el lapso una tasa interanual de alrededor del 30 por ciento, las destinadas a sectores económicos dependen del nivel de actividad; así en el 2009 cayeron 9,1 por ciento respecto al 2008 y en 2010 y 2011 suben de manera significativa (59,9 por ciento y 51,7 por ciento respectivamente). Se moderan en 2012 y 2013.
Respecto de los ingresos corrientes del sector público, los subsidios pasaron de representar el 58 por ciento en 2007 al 74 por ciento en 2013; en ese período los subsidios económicos subieron del 10 al 19 por ciento del total de los ingresos corrientes y los en servicios sociales pasaron de 48 a 53 por ciento.
“El gobierno usó los subsidios como un mecanismo para impulsar el consumo y mejorar la competitividad de las empresas”, afirmó la economista Mary Acosta del CPCE. En 2013, los subsidios sumaron $ 134 mil millones, lo que es entre el 5 y el 6 por ciento del PIB.
En detalle
El 60 por ciento de ese monto fue al sector energético (Cammesa, Enarsa y Yaciretá); el 26,2 por ciento fue a transporte (básicamente a trenes y a Aerolíneas Argentinas); el 11,1 por ciento fue a empresas públicas (Aysa y Arsat); el 1 por ciento fue al sector rural y forestal (programa Más Carne, promoción de plantación forestal y Promoción Ganadería Ovina); 0,6 por ciento a sector agroalimentario y 0,3 por ciento a la industria.
Cabe destacar que un trabajo del Ministerio de Economía de Buenos Aires para todo el país transparenta que el decil más rico de la población se apropia del 16 por ciento (equivale a medio punto de su ingreso) de los subsidios de transporte de pasajeros, gas, energía y agua y el decil más pobre recibe el 5 por ciento (que representa el 4 por ciento de su ingreso).
En el caso del gas natural, los más pobres se apropian del 2 por ciento de los subsidios mientras que en el gas envasado se quedan con el 14 por ciento (es el que más usan); en el caso de la electricidad las ayudas están mejor distribuidas.
Si la lupa va sobre el transporte, el subsidio al avión es el más pro rico y, a la vez, el más regresivo. “Este esquema se repitió durante seis años y eso es lo más problemático”, precisó el economista Víctor Peralta.
A partir del recorte de los subsidios al gas (y de las nuevas tarifas) los efectos sobre el consumo en función del ingreso, los deciles 1 y 2 (los más pobres que estarían entre los que cobran AUH, tienen jubilación mínima) no tendrían cambios (ingreso disponible no bajará y podría subir); entre el 8 y el 10 (las clases más altas) tampoco tendrían cambios en sus ingresos disponibles.
Son los deciles intermedios los que sufrirían una caída en sus ingresos, fue la conclusión que arrojó el trabajo de análisis del CPCE.
