Nacionales. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, aludido -sin nombrarlo- por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 31 aniversario de la democracia, por haber citado a indagatoria al actual ministro de Justicia, Julio Alak por irregularidades en la administración de Aerolíneas Argentinas, ahora procesó dos fiscales por presunto prevaricato por no incluirse al empresario Lázaro Báez en un dictamen de investigación por supuesto lavado de activos.
El magistrado dispuso además un embargo de $75 mil pesos para cada uno de los fiscales Carlos Gonella y Omar Gabriel Orsi, quienes son del círculo estrecho de la Procuradora Alejandra Gils Carbó.
Cabe recordar que la presidenta en su mensaje por los 31 años de democracia, cuestionó a algunos miembros del Poder Judicial que ordenan indagatorias contra miembros de su equipo, como el ministro de Justicia Julio Alak, o contra la Procuradora General de la Nación.
En ese marco, habló de persecución y hostigamiento, no es sólo contra miembros del Poder Ejecutivo, sino también contra miembros del propio Poder judicial.
Procesamiento
«El obrar de estos fiscales en modo alguno se ajustó a las normas procesales que dirigen su actuación», afirmó el juez.
En ese sentido, el juez Martínez, apuntó que «el marco fáctico del que dan cuenta las denuncias» sobre las operatorias relacionadas al empresario Báez «se vio intencionalmente modificado por los imputados, con la clara intención de desviar el curso de investigación».
«Se observa cómo al impulso de inicio se lo priva de todo componente vinculado al lavado de activos con relación al empresario Báez y su entorno», resaltó.
La acusación contra Gonella y Orsi se basa en una investigación por presuntas irregularidades en la actuación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en una causa vinculada al empresario Lázaro Báez que tramita ante el juez federal Sebastián Casanello.
Medida «arbitraria»
Tras conocerse su procesamiento, el fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, calificó como «arbitraria» y «preanunciada».
«Hay poco margen para no pensar que es una decisión arbitraria. Todavía no leímos los fundamentos, pero hay cuatro testimonios de funcionarios de la fiscalía que desmienten todo», expresó Gonella, en declaraciones a Télam.
Por otra parte, el fiscal destacó el respaldo recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el discurso que pronunció en el acto que se realizó el sábado en la Casa de Gobierno con motivo del día de la democracia.
«Que la máxima autoridad nacional haga esta referencia y otorgue este nivel de respaldo hacia quienes nos dedicamos a investigar es un motivo de orgullo», destacó Gonella.
En tanto, consideró que «ahora, como nunca antes, el sistema judicial exhibe contradicciones entre dos visiones: una justicia corporativa que queda siempre en pocas manos, y un modelo de justicia entendida como servicio público que es la línea del ministerio público y la Procuradora general».
El fiscal se considera «objeto de una persecución», que «excede el análisis jurídico» y consideró que «no es casual que se firmen estas resoluciones y se preanuncien en los medios de comunicación».
