País. El informe semestral de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) sobre la situación de la libertad de prensa en el país, señala que se acentuaron los agravios y las descalificaciones a las voces críticas; hay reiterados intentos de atropello contra diversos medios a través de instrumentos legales, económicos y administrativos e irrumpió el narcotráfico como amenaza concreta contra el ejercicio de la actividad periodística, si bien se registra un alivio en la presión fiscal sobre los pequeños y medianos medios de comunicación.
El documento se conoció este viernes, al finalizar la 157ª Junta de Directores de ADEPA, que comenzó el jueves en la Ciudad de Buenos Aires. La estrategia del Gobierno nacional –agregó la entidad– “parece ser la de silenciar a quienes disienten, premiar mediante cuantiosos recursos públicos a quienes lo respaldan acríticamente e intentar generar una clara división entre las empresas periodísticas de menor envergadura económica y las de mayor tamaño”.
En ese sentido, hizo notar que cuando se aprobó la reducción de alícuotas de IVA para medios gráficos el oficialismo “hizo uso, una vez más, de su característica discrecionalidad persecutoria”, ya que dejó fuera de ese beneficio a más de 15 empresas de medios gráficos.
ADEPA remarcó que el hostigamiento contra voces críticas no concluye allí, ya que “en las últimas semanas, recrudecieron las acusaciones, presiones y descalificaciones hacia medios de comunicación, directivos de empresas del sector y periodistas”.
Recordó que luego de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman la presiden-ta Cristina Fernández, dirigentes del partido gobernante, funcionarios, medios estatales y paraestatales y militantes oficialistas volvieron a hablar de una “cadena nacional del odio y del desánimo” y llegaron a vincular al único imputado en la causa con un medio de comunicación no alineado con el oficialismo.
Para la institución representativa de la prensa argentina, “la intención de acallar voces críticas es aún más grave porque el país está a las puertas de un crucial pro-ceso electoral para renovar autoridades nacionales, provinciales y municipales, y ello requiere plena libertad para el trabajo periodístico”.
Por ello, aludió a los temas pendientes en materia de libertad de expresión que deja el gobierno actual: “ausencia de políticas para proteger el trabajo periodístico, sumada a una estigmatización de la labor del periodismo que alienta la violencia; empleo de la Justicia y de organismos y recursos públicos para presionar a disiden-tes; manejo partidista de los medios públicos; utilización abusiva e ilegal del mecanismo de cadenas nacionales; asignación abusiva y discriminatoria de la publicidad oficial; uso instrumental de leyes para atacar o favorecer a ciertos medios; inexistencia de una ley nacional de acceso a la información pública”.
Antes de realizar un pormenorizado detalle de presiones y ataques a la prensa in-dependiente en el último semestre, el informe de ADEPA expresa confianza en que estas asignaturas pendientes serán asumidas por las autoridades que resulten elegidas en octubre próximo –sea cual fuere el partido político triunfante– para restablecer la vigencia plena de las libertades de prensa y de expresión. “Estas son –dice el documento– pilares de todo sistema democrático y republicano y además constituyen derechos humanos esenciales y de carácter instrumental, ya que hacen posible el ejercicio de otros derechos y libertades”.
El texto completo del informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
