Córdoba. Se había informado que a partir de este miércoles comenzaba a regir la norma que establece de forma obligatoria el grabado indeleble de dominio múltiple para autos y motos. A partir de allí se desató la polémica por el costo que debían abonar los conductores y la denuncia de la oposición de favorecer a la empresa con cifras millonarias de ganancias. El ministro Lawson habló de “campaña sucia” por parte de la oposición en el contexto electoral. Por su parte, Busso justificó que la contramarcha se debió a que el gobierno nacional junto a otros Estados que son parte del Mercosur, están avanzando en una legislación para cambiar el sistema dominial de los vehículos. Reconoció que “hubo errores de comunicación” de la administración provincial.
Este miércoles, se conoció que el gobernador De la Sota rubricó el decreto que dejó sin efecto la entrada en vigencia de la ley 10.110 que fija el grabado indeleble del número de dominio en capot, puertas, tapa de baúl en los autos, y en tres de sus partes, para el caso de las motos.
En la mañana de ayer, el ministro de Comunicación, Jorge Lawson, confirmó que el mandatario provincial, mediante un decreto, dejó sin efecto la aplicación de dicha norma.
Asimismo, criticó a la oposición, aduciendo que a pesar de que la ley se encuentra vigente en otras provincias, “pareciera que en Córdoba puede ser usado para campaña sucia en un contexto electoral”.
Quien también salió a justificar la decisión final de De la Sota, fue una de las principales espadas del oficialismo en la Unicameral cordobesa. El titular del bloque de UPC, Sergio Busso, declaró a los medios que la ley fue aprobada pensando en que “para la prevención y represión del delito obviamente se deben tener herramientas, en este sentido esta ley de grabado de autopartes era una de esas”.
“Luego el Ejecutivo tenía que implementarla, dictando un decreto reglamentario. En el día de hoy (por ayer), a partir de algunas situaciones encontradas o situaciones que de pronto podían llevar a malas interpretaciones, el gobernador ha dictado un decreto donde suspende la implementación de la misma”, afirmó el parlamentario.
Al argumentar sobre lo resuelto por De la Sota, Busso tuvo en cuenta de que el gobierno nacional junto a otros Estados que son parte del Mercosur, están avanzando en una legislación para cambiar el sistema dominial de los vehículos.
“Ante ésta nueva situación, amerita tener por lo menos la cautela de plantear un plazo prudencial de suspensión a los fines de saber valorar con mucho mayor certeza y claridad cuál va a ser la verdadera situación del aspecto dominial de los vehículos”, justificó el presidente de la bancada de UPC.
Pero además, reconoció que hubo “una serie de errores de comunicación e interpretación que me parece se subsanan con este decreto de suspensión en la implementación”.
En cuanto a un posible reclamo (incluso en el plano judicial) por parte de la empresa concesionaria, Busso consideró que la firma “se apuró”. “Más allá que hubo una licitación y un contrato, no se planteaba una fecha de ejecución. Habrá que conversar con la empresa a los fines de plantearle cual es la nueva situación”, concluyó.
