Córdoba. En una nota presentada en el Centro Cívico, dirigida al mandatario provincial, la legisladora Liliana Montero, le solicitó que de manera inmediata suspenda la Junta de Ascensos y Retiros de la Policía de Córdoba que estaba prevista para el día 17 de noviembre y que, “por motivos que desconocemos, se habría adelantado”, expresó.
En su misiva a De la Sota, la parlamentaria opositora, insistió en que el robo de 67 armas reglamentarias de la División Armamentos y Equipos que se encuentra en la propia sede de la Jefatura de Policía, resulta un hecho de “una gravedad institucional inusitada”.
En ese sentido, afirmó que todo hace suponer que hubo “una cadena de complicidades en las más altas esferas de la Policía”, por lo que desde el poder político “debe haber mensajes y directivas claras para que nadie con responsabilidad en los hechos sea beneficiado en lugar de ser castigado”.
Por esta razón, es que Montero le pidió al gobernador que suspenda la Junta de Ascensos y Retiros de la Policía. Al respecto, demandó que en su carácter de “máximo responsable” del poder político, “tome las medidas necesarias que impidan el ascenso o pase a retiro de todos los posibles involucrados, debido a la cadena de mandos o a su pertenecía al área, en el robo de al menos 67 pistolas de la División Armamentos y Equipos”.
Al advertir que la justicia se encuentra investigando lo sucedido en la fuerza policial, la legisladora opinó que “se tornaría llamativo” el adelantamiento o el sólo funcionamiento de dicha Junta, ya que “precisamente tiene entre sus manos la decisión de la carrera policial de muchos de los supuestos involucrados”, acentuó.
“Sería lamentable que en medio de este verdadero hecho delictivo, a alguien se le ocurriera ascender o pasar a retiro a quienes deben responder por sus acciones ante la justicia pero fundamentalmente ante la sociedad”, concluyó Montero.
