País (19/6/16). La Oficina Anticorrupción confeccionó un anteproyecto de extinción de dominio que el gobierno analiza enviar al Parlamento en los próximos días, en el que se apunta a la incautación de los bienes obtenidos en forma ilícita, tanto de sus autores como de sus herederos y receptores de donaciones, además de crear una Agencia de Administración y Remate que dispondrá qué hacer con lo confiscado.
Según consta en el Art. 5 del anteproyecto al que tuvo acceso Télam, la extinción de dominio se aplicará sobre bienes «producto de o instrumento de actividades ilícitas, de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia hasta el valor estimado del producto entremezclado, bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, y los que constituyan ingresos y beneficios derivados de los bienes mencionados».
En el Art. 23 se especifica que «el dominio no puede ser extinguido en el caso de los terceros adquirentes de buena fe» pero se aclara que la expropiación «se puede interponer contra las personas que hayan incorporado los bienes comprendidos o contra sus herederos, legatarios o terceros adquirientes a título gratuito».
Para entender en la acción de extinción se declara «competente al juez con competencia en lo civil y comercial federal donde se encuentres los bienes» en disputa, según consta en el Art. 25.
Agencia de Remate
Además, se crea la Agencia de Administración y Remate de Bienes Recuperados, «que funcionará como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia» con la finalidad de «administrar, asignar, rematar y vender los bienes no inmuebles», en tanto los bienes inmuebles serán derivados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete (Art. 31).
La Agencia «dictará su propio reglamento con criterio objetivos para la asignación y utilización de los bienes recuperados y los mecanismos de venta o enajenación» (Art. 33) aunque establece que los fondos recaudados obtenidos por la venta «serán destinados en partes iguales a programas de transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de las instituciones con competencia en la investigación y persecución de los delitos y la inversión en infraestructura y equipamiento en materia educativa» (Art. 35).
Con este último artículo -que seguramente disparará controversias-, la Oficina Anticorrupción impulsa el financiamiento propio (y también de la Unidad de Investigaciones Financieras), una de las metas ya explicitadas de la ex diputada Laura Alonso (hoy titular de la OA) y reclamadas a la Casa Rosada.
La acción de extinción deberá ser impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a través del Cuerpo de Abogados del Estado (Art. 7), en tanto la UIF podrá disponer «mediante resolución fundada, el congelamiento administrativo de los bienes previstos, si existen indicios objetivos de que dichos bienes podrían ser transferidos, previa comunicación al juez competente dentro de las 48 horas» (Art. 8).
En cuanto al proceso, se exige que en el «trámite de la acción de extinción se debe garantizar el derecho a la defensa y permitir a la persona que pueda resultar afectada presentar pruebas e intervenir en el proceso (Art. 13)», mientras que aclara que «no se puede oponer al juez el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional (Art. 14).
En su primer artículo, el anteproyecto explica que el espíritu de la ley busca «regular el artículo 36 de la Constitución, a través del establecimiento de un procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado de los bienes que son producto de las actividades ilícitas derivadas de los delitos previstos en los Capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X del Título XI del Libro Segundo del Código Penal y el artículo 174 de dicho Código».
En sus considerandos se especifica que «se tuvieron en cuenta» para su confección los proyectos ya presentados en la Cámara de Diputados por parte de los diputados Miguel Bazze, Sergio Massa, Elisa Carrió, Manuel Garrido, Margarita Stolbizer, Miguel del Sel, Patricia Bullrich y Ricardo Alfonsín.
La extinción de dominio, junto con el proyecto de Ley del Arrepentido, fueron desarrollados por la OA y luego revisados por parte del equipo del ministro de Justicia, Germán Garavano, y retomaron impulso desde las declaraciones del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que afirmó días pasados que iban a ser enviados al Congreso.
Si bien habían sido mencionados por el Presidente durante la campaña electoral, no estaban en la agenda del oficialismo (desde la Rosada indican que el motivo era la oposición de parte del bloque de senadores del PJ), pero tras el escándalo por la detención del ex viceministro José López, el Gobierno anunció su tratamiento.
Diputados de Cambiemos indicaron que el proyecto sobre la colaboración de partícipes en delitos contra el patrimonio público podría ingresar ya la semana próxima para el debate en comisión. (Télam)
