Ciudad de Córdoba (22/6/16). “El pago de indemnizaciones a los recolectores de basura es ilegal y deja al descubierto el negociado de Mestre con las empresas”, así se expresó el concejal Tomás Méndez (ADN). Por su parte, al reclamar información oficial del Ejecutivo, Esteban Dómina (UPC) le apuntó a la gestión mestrista al advertir que «una vez más se obró con prescindencia de la más elemental transparencia”.
Tras concretarse las transferencias de los fondos para un primer pago de las indemnizaciones a los trabajadores, debido a la presión del SURBACC mediante la paralización del servicio de recolección de la basura luego del fin de semana extra largo, concejales del arco opositor salieron a cuestionar en duros términos a la administración mestrista.
Al calificarla como una medida “ilegal”, el bloque de ediles de ADN rechazó la decisión del intendente Mestre de pagar las indemnizaciones a los empleados de las empresas de recolección de basura, porque “según una acta que se viene cumpliendo desde fines del año 1979, son las empresas de recolección de basura las que tienen que hacerse cargo de las indemnizaciones de cada uno de sus empleados”, destacaron.
En ese sentido, el titular del bloque opositor, remarcó que “el pago de indemnizaciones a los recolectores de basura es ilegal y deja al descubierto el negociado de Mestre con las empresas”.
“Es increíble e inexplicable que sea la Municipalidad -con la plata de todos los cordobeses- la que le esté abonando las indemnizaciones a los trabajadores de este servicio”, cuestionó Tomás Méndez.
Asimismo, afirmó que “no corresponde que el Municipio las abone y esto tiene que ver con una situación de ilegalidad”. Méndez sostuvo esta denuncia, argumentando que se da porque “Córdoba Recicla Sociedad del Estado (CReSE) terceriza el servicio para LUSA y COTRECO, a través del contrato pasa los empleados de forma permanente a las empresas de recolección de basura”.
En tanto, desde la bancada de UPC, advirtieron de la falta de “información oficial” sobre las indemnizaciones y el ESyOP. Al respecto, el bloque peronista requirió a través de sendos proyectos de resolución que el DEM remita al Concejo Deliberante, “de manera oficial e inmediata”, los instrumentos legales que respaldan las decisiones adoptadas en los últimos días con relación al servicio de higiene urbana.
En esa línea, los concejales de UPC demandaron conocer, además del instrumento respectivo, los fundamentos jurídicos de ambas medidas contenidos en el dictamen de Asesoría Letrada, como asimismo el alcance de las mismas y el personal afectado en ambos casos.
Es decir, se solicitó información de cuántos trabajadores cobraron el adelanto y cuántos pasarán a revistar en el Ente autárquico. Además de cómo se financió el gasto mencionado.
«Una vez más se obró con prescindencia de la más elemental transparencia, adoptando decisiones que afectan a los vecinos y redundan en conflictos que perjudican el normal desenvolvimiento de la ciudad, aún tapada de basura», afirmó el titular del bloque, Esteban Dómina.
