Así lo dispuso el juez federal de Río Cuarto en su resolución ante el amparo presentado por una decena de vecinos de la localidad cabecera del departamento del sur provincial.
El magistrado resolvió suspender los efectos de las Resoluciones 28/16, 31/16, y 99/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Resoluciones del ENARGAS 3729/16, y las dictadas en consecuencia, por el cual se fijaron los fuertes incrementos en la tarifa del servicio.
Hasta el dictado de sentencia definitiva, Ochoa dispuso la refacturación conforme a tarifas previas a las citadas resoluciones. Esto implica retrotraer la tarifa al 31 de marzo. Cabe destacar que la medida beneficia a todos los vecinos de Río Cuarto, no sólo a los que presentaron el amparo.
Asimismo, se advierte que “respecto de los usuarios que hubieren abonado facturas con los aumentos señalados, deberá ECOGAS (Distribuidora de Gas del Centro), acreditar dichos valores en favor de los usuarios locales, en próxima facturación”.
En el caso de la presentación efectuada por vecinos de La Carlota, la justicia determinó un tope de 400 por ciento para los incrementos. Este tope lo fijó el gobierno nacional después de las críticas de vecinos, comerciantes y empresarios pymes, sumado a los cuestionamientos opositores.
Los amparistas de Córdoba y sus patrocinantes esperan que en las próximas horas el juez federal Ricardo Bustos Fierro, resuelva sobre los planteos ingresados a su juzgado. Hay más de dos mil amparos presentados para suspender el incremento del servicio que espera la determinación del magistrado.
Rechazo de Bustos Fierro
Por su parte, con otros argumentos que no responden al planteo de los usuarios afectados por el tarifazo, el juez Ricardo Bustos Fierro, rechazó la medida cautelar presentada por 1200 vecinos de Córdoba Capital, para pedir que se suspenda el aumento en las tarifas de gas.
“(El juez) dice que el aumento es para racionalizar y que la gente tiene que gastar menos. Vamos a apelar”, sostuvo a Cadena 3, una de las abogadas de los amparistas, Valentina Enet.
Consultado por este medio digital, el fiscal federal Enrique Senestrari opinó:
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