País (4/7/16). El director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, aseguró que el organismo ya viene realizando auditorías sobre las obras que se habían planificado en el gobierno anterior y consignó que, de hecho, esa documentación fue entregada al juez federal Julián Ercolini.
“Hicimos varias auditorías que presentamos a la Justicia. Con la información que hay, es más que suficiente para que la Justicia trabaje. La documentación está en el juzgado de Ercolini”, sostuvo Iguacel en declaraciones formuladas a radio Nacional.
El domingo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había sugerido, en una entrevista con C5N, que “se haga una auditoría de toda la obra pública para dejar establecido si hubo o no sobreprecios”.
Iguacel afirmó que “en cada auditoría que se abre por pedido de la Justicia se ve más o menos lo mismo: sobreprecios que van desde el 30 al 70 por ciento, con un promedio del 50 por ciento”.
Según el funcionario, “se detectó a través de auditorías y documentación que se le pagaba a muchas empresas, pero la que consecuentemente generaba pagos adelantados era Austral, de Lázaro Báez”.
En ese marco, el funcionario explicó que “el circuito era inverso” al que funciona regularmente, y que se obtenían adelantos con certificados firmados por inspectores que avalaban que la obra se había hecho, sin que fuese así.
Según Iguacel, no sólo había involucrados funcionarios de Vialidad de las provincias, sino también a nivel nacional.
“Nuestra denuncia no es sólo contra Báez o contra (José) López, sino muchos funcionarios que participaron. Esto no lo puede hace una sola persona; hay una maquinaria detrás”, expresó.
Iguacel habló de cifras de sobreprecios que superan los 10 millones de pesos, y que se encontraron no sólo en la provincia de Santa Cruz sino también de Córdoba, Río Negro, Jujuy y Chaco, entre otras.
Perseguida
En declaraciones a la señal C5N por vía telefónica, la ex mandataria destacó: “Estoy siendo perseguida. No es una sensación. Soy la única persona que está siendo investigado por dos jueces en la misma causa”.
De esta manera, CFK se refirió a las investigaciones que instruyen los magistrados federales Sebastián Casanello y Claudio Bonadio. En cuanto a los supuestos “retornos” de la obra pública vía pago de alquileres, es decir la operatoria que se sospecha entre los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y la familia Kirchner, consideró que los montos de los contratos que se erogan desde el Estado son por sumas millonarias, y remarcó que “es imposible” que se cobren retornos “a través del alquiler de inmuebles”.
“Creo que si hubo sobreprecios debe haber una auditoria de todos los contratos que se adjudicaron en los últimos años. Esto es algo necesario y que debe hacerse. ¿Pero en función de los montos que tienen esos contratos, creen que se pueden cobrar retornos a través del pago de alquileres?, se interrogó la ex jefa de Estado.
“Ese empresario (por Baéz) no es el contratista más importante en las obras públicas que se hacen en el país. Existen otros que son más importantes que él y que han recibido contratos más elevados”, apuntó CFK.
La jefa del FpV recordó en ese sentido que las obras del soterramiento del tren Sarmiento fueron adjudicadas durante su gobierno y que las obtuvo “un primo del actual presidente Mauricio Macri”, en una clara alusión a Angelo Calcaterra.
