País (4/8/16). El empresario santacruceño cumplirá este viernes cuatro meses detenido por presunto lavado de dinero, en el marco de la causa en la que busca jugar sus cartas más fuertes apuntando públicamente contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el sistema de contratación de obras públicas de la gestión kirchnerista, para relativizar así el alcance de su responsabilidad.
Cuando la tarde del 5 de abril fue detenido en el aeropuerto de San Fernando al descender de su jet privado, Báez no imaginaba que hoy -121 días con todas sus noches después-, continuaría tras las rejas, ahora pergeñando junto a sus abogados una estrategia para profundizar sus disparos hacia arriba, coqueteando con la figura del arrepentido y capitalizando a su favor el cerco judicial que, desde otras investigaciones, se va tendiendo sobre la ex mandataria.
Tampoco vislumbraba que el protagonismo que tomaría luego el devenido testigo protegido Leonardo Fariña en el marco de un expediente que parecía encaminarse hacia el letargo, fue sacudido en marzo pasado, con la difusión de imágenes captadas en 2012 por las cámaras de seguridad de la financiera conocida como «La Rosadita», que mostraban cómo uno de los hijos de Baez (Martín), entre otros, contaba fajos de dólares y de euros.
Notificado formalmente de su divorcio tras las rejas; alejado judicial y físicamente de sus hijos; a dos meses de cumplir 60 años; agobiado por el avance judicial contra él y su propia familia; y asesorado por los abogados Rafael Sal-Lari y Daniel Rubinovich, Báez sacó a relucir en los últimos días algunos ases, ante la inminencia de una decisión de la Sala II de la Cámara Federal con relación a la continuidad o no del juez federal Sebastián Casanello al frente de la causa.
De ese incidente, justamente, procura Báez hacer pender el resto de sus movimientos en el expediente en el que está doblemente procesado y bajo prisión preventiva por el delito de lavado de dinero, en fallos confirmados por la Cámara Federal.
En una oportunidad, la Justicia consideró probado que, a través de su propia financiera SGI, Lázaro Báez realizó una maniobra de lavado de 5,1 millones de dólares provenientes de un fraude impositivo cometido por medio de la utilización de facturas truchas.
En tanto, en la otra, dio por acreditado el reingreso al país de 32,8 millones de dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública, en el marco de una maniobra realizada por medio de la firma Helvetic Service Group, que tuvo como destino una cuenta en el Banco Nación de la empresa que fuera insignia del grupo Báez, hoy al borde de la quiebra, Austral Construcciones.
«Me están apretando para que me calle, me están apretando para que no siga hablando», aseguró Báez en el segundo tramo de una entrevista telefónica que, desde el penal de Ezeiza, concedió semanas atrás al portal de noticias Infobae.com, y que desde el martes último está siendo difundida a cuentagotas como pivote de la estrategia judicial tendiente a lograr el apartamiento de Casanello y el direccionamiento de la investigación hacia la ex presidenta, a importantes ex funcionarios kirchneristas y, también, hacia la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
«Todo el mundo me usó de forro. Acá se limpiaron todos el culo conmigo», afirmaba el detenido empresario en el primer tramo difundido de la entrevista, en la que, en todo momento, desligó a sus hijos de los hechos que se les imputan –uno de ellos, Martín, quien aparecía en las imágenes de «La Rosadita» y fue procesado por lavado de dinero sin prisión preventiva, y, los otros tres, imputados e indagados hace un mes, tras la detección de cuentas en Suiza con sus nombres-.
También, en la entrevista, Lázaro Báez volvió a apuntar contra Casanello a partir del vínculo que le atribuye con la ex presidenta CFK, sobre el que basa su planteo de recusación y del que no aportó mayores pruebas durante una audiencia personal que él mismo pidió tener con los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, en la que no hizo más que insistir en que había visto el año pasado al juez en la quinta de Olivos esperando reunirse con la entonces mandataria.
Se trató de la segunda oportunidad en la que Báez pidió ver cara a cara a los camaristas -la primera había sido el 6 de junio, en una audiencia a puertas cerradas- y en la que las expectativas generadas poco tuvieron que ver con lo que luego efectivamente ocurrió, dado que en ningún caso aportó pruebas que no estuvieran ya en el expediente.
Mientras, la Justicia siguió avanzando en la investigación de la denominada «ruta del dinero K», con vistas a un posible -más bien anhelado- recupero de bienes, uno de los mayores desafíos y asignaturas pendientes en el marco de las causas por delitos de corrupción.
Para eso, la investigación comandada desde los Tribunales de Comodoro Py intentó en los últimos meses determinar el alcance del patrimonio de Báez, que incluye, además de sus empresas, innumerables propiedades, 147 de ellas ubicadas en su tierra por adopción, Santa Cruz, adonde en los ’90 forjó su relación con Néstor Kirchner, valuadas en un total de 140 millones de dólares por el Tribunal de Tasación de la Nación.
Cuatro indagatorias; dos audiencias personales ante la Cámara Federal; un viaje a Suiza del juez Casanello y del fiscal Guillermo Marijuan; raids de allanamientos; procedimientos con retroexcavadoras; un testigo protegido; miles de acusaciones cruzadas; cinco cuentas en Suiza; cuatro sociedades off shore; una inédita conferencia de prensa en Comodoro Py; y una carta atribuida a la ex presidenta que resultó ser falsa, son apenas algunos de los ingredientes que signaron estos últimos cuatro meses del llamado «caso Báez» o «la ruta del dinero K», con recorridos y vericuetos que, a esta altura, rozan los de una saga, sin que aún quede claro hasta dónde llegará a escalar. (Télam)
