Córdoba. La mayoría oficialista convirtió en ley un proyecto presentado por el presidente provisorio de la Unicameral, Oscar González y el titular de la bancada de UPC, Carlos Gutiérrez, que regula el trámite de autorización, fraccionamiento y urbanizaciones que se proyecten y realicen en el marco del Programa que lanzó el gobierno en materia de política social. El arco opositor lo rechazó por “inconstitucional” -se violan 9 leyes- y delegar responsabilidades de la provincia en los municipios.
En la sesión en la tarde del miércoles, el bloque de UPC aprobó con el voto afirmativo de 38 votos (incluyó el acompañamiento del legislador Fernando Salvi de la bancada de Córdoba Podemos) la norma de regulación de trámites de lotes del “Lo Tengo”, que en su artículo 4° fija amplias excepciones para el caso de las urbanizaciones sociales, el cual generó el rechazo de la oposición ( 26 votos en contra) que entendió que con este articulado se violan 9 leyes ya existentes.
“Hay 9 leyes que quedan marginadas por esta excepción. La urgencia no debe dejar de lado lo importante”, expresó durante el debate en el recinto, el legislador Martín Fresneda (CP), quien también afirmó que esta ley “nace inconstitucional”.
Su compañera de bancada, Liliana Montero, cuestionó que “UPC en soledad vuelve a ratificar que para ellos, el fin justifica los medios (…), violando nada más y nada menos que 9 leyes, entre ellas las de uso de suelo y la de ambiente”.
En diálogo con Agenda 4P, el juecista Juan Pablo Quinteros, aclaró que no están en contra de que la gente tenga acceso a su lote propio a través de un programa que “es loable” como el “Lo Tengo”, pero cuestionó al oficialismo por no querer hacer lugar a las modificaciones planteadas por la oposición al proyecto original en su artículo 4, entre otros, que dejaron asentadas con un despacho en minoría.
“Están importante que se apliquen los artículos (de las leyes) que se están dejando sin efecto por excepción, que fíjese que nosotros salimos rápidamente en la Legislatura a hacer una ley de ambiente después de las inundaciones de Sierras Chicas para que esa ley se respete y se cumpla, con esto se deja sin efecto”, afirmó.
Sobre la delegación de responsabilidades de la provincia a los intendentes, Quinteros -fiel al humor asido del juecismo- enfatizó: “Un día cuando alguien lo llame y le digan que no tienen médico, le van a delegar las facultades que diagnostiquen y receten medicamentos”.
Algo exigido y esperado
La réplica a las críticas opositoras estuvo a cargo del ex ministro y actual legislador de la bancada de UPC, Julián López, quien remarcó que la ley viene “a subsanar una situación que de hecho se está dando y que es muy requerido principalmente por los intendentes y los ciudadanos del interior”.
“Lo que se pretende con esta ley es hacer un trámite abreviado con un régimen excepcional, que fue pensado para el programa Lo Tengo que está aplicando la provincia y que por pedido incluso de legisladores de la oposición, se abrió a algunos loteos que hayan llevado adelante los municipios. Es decir que tiene alcance tanto para los estados municipales como para el estado provincial”, explicó.
Al marcar claras diferencias con la oposición, López aseguró a este medio digital que desde el oficialismo consideran que “no sólo no es inconstitucional, sino que viene a cumplir con algo que estaba exigiendo y que era muy esperado”.
En cuanto al principio de excepcionalidad que estipula la ley, el parlamentario manifestó que “no se suple el control del Estado; lo que hace es eximirse del trámite previo y se exige el control posterior”.
“Y posibilita que los municipios a través de los distintos equipos que tienen, puedan llevar adelante como manera mucho más ágil alguna de estas acciones”, concluyó López, en alusión al “certificado de factibilidad” que emitan los intendentes en sus jurisdicciones para el caso de loteos sociales.
