Ciudad de Córdoba (9/8/16). A través de un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), los concejales del bloque de Fuerza de la Gente (FDG), reclamaron información detallada acerca de los ítems Personal, funciones y costos del sistema de Higiene Urbana. La bancada opositora advirtió que ante las “idas y vueltas” de la gestión mestrista resulta “imposible” contar con una visión integral de las modificaciones que pretende lograr el Municipio “con este nuevo parche al sistema que entró en vigencia” con el ESyOP.
Los ediles del bloque riutorista pidieron saber cuáles son las funciones que cumplirán CRESE y CORMECOR luego de las modificaciones introducidas al sistema de higiene urbana con los Decretos 2130/16 y 2131/16. Además de las estructuras de costos y la cantidad de personal que continuará desempeñando sus tareas en dichos organismos.
Asimismo, se requirió el listado de personal contratado directamente por LUSA y COTRECO y que permanece prestando servicios, sin haber sido cedido al ESyOP.
Entre otros puntos, el núcleo opositor demandó conocer acerca de la prestación de los servicios de limpieza de basurales a cielo abierto; limpieza y desobstrucción de sumideros; limpieza de restos verdes; limpieza de restos de obra y demolición, y los respectivos contratos en caso de encontrarse tercerizados.
Al recordar las palabras del intendente Mestre de que la reformulación del sistema de Higiene Urbana iba a ser revolucionario y tendría un notable impacto en la calidad del servicio y una marcada reducción en los costos, el concejal Martín Llarena la calificó de “fracaso”.
En este contexto de “innumerables idas y vueltas” de la gestión mestrista en este tema, el edil resaltó que “resulta imposible para los vecinos y para los representantes de la oposición contar con una visión integral de las modificaciones que pretende lograr el Ejecutivo Municipal con este nuevo parche al sistema que entró en vigencia con la firma de los Decretos 2130/16 y 2131/16”.
En cuanto a la cantidad de empleados en el sistema de residuos y la supuesta política de disminución que sostienen los funcionarios municipales, a partir de la cifra oficial que rondaría los 1858 empleados, Llarena replicó con otro número.
“Advertimos en los anexos del decreto 2130/2016 que la cantidad que se declara de empleados es de 2104, razón por la cual nos lleva a preguntarnos si fue desconocimiento o directamente ocultación de información para seguirnos mintiendo a los cordobeses”, cuestionó.
Por otro lado, planteó la duda de cuál será el rol de Córdoba Recicla S.E. en este nuevo esquema en donde el ESyOP abarca una porción considerable del sistema, de hecho, la menos rentable. “Tampoco se especifica qué función cumplirá CORMECOR hasta que se cuente con un nuevo predio de enterramiento, dado que la disposición final de los residuos sólidos urbanos pasa también a la órbita del Ente”, destacó.
“En ninguno de los casos se detalla qué función tendrán ahora estas empresas ni cuál será su nueva estructura de costos, de forma tal que los vecinos nos vemos impedidos de evaluar qué sentido tiene seguir manteniendo a sus respectivos Directorios con nuestro dinero”, reprochó el integrante del bloque FDG.
A su vez, advirtió que tampoco se especifica “quién se hará cargo de una serie de servicios que han ido quedando en el camino con cada parche que ha aplicado el Ejecutivo Municipal al sistema de higiene urbana”, en alusión a los servicios de recolección de poda, y de residuos de obra y demolición; entre otros.
“Estos servicios resultan críticos para una Ciudad con las dimensiones geográfica y demográfica de Córdoba, y hace ya tiempo que se ha vuelto notable el impacto de una pésima gestión con la proliferación de basurales por todo el ejido urbano”, remarcó el opositor.
Por último, Llarena opinó que “tampoco resulta clara la razón jurídica que fundamenta el pago de indemnizaciones al personal agremiado al SURRBaC”, es por ello que en el proyecto se solicita adjuntar “listado de los trabajadores que han percibido alguna suma en dicho concepto, el monto abonado hasta el momento y el porcentaje de la indemnización total que se encuentra abonado a la fecha de recepción de la resolución”.