País (15/8/16). El perito forense Alfredo Popritkin, de la fundación Contadores Forenses, confirmó que -según un informe de la ONG- Baéz transfirió el dinero entre 2003 y el año pasado, pero hubo «muchas más transferencias en negro por miles de millones de pesos» que no quedaron registradas.
Así lo aseguró el perito en declaraciones formuladas este lunes a radio Continental, luego de que se conociera una auditoría de la ONG realizada en su rol de ‘amicus curiae’ (amigos del tribunal) en el marco de la causa en la que el empresario santacruceño se encuentra detenido por presunto lavado de dinero, que tramita en el juzgado encabezado por Sebastián Casanello.
Según precisó Popritkin, además de las transferencias por $100 millones, hubo «muchas más transferencias en negro por miles de millones de pesos que las que se produjeron en blanco o presuntamente hechas en blanco, que uno deduce por experiencia profesional», pero que no quedaron registradas porque «ninguna empresa registra operaciones ilegales».
Después de analizar la contabilidad de Austral Construcciones durante los últimos 10 años, la fundación Contadores Forenses presentó un total de cuatro informes al juzgado de Casanello; el último de ellos es «el más extenso y profundo».
«Además de los balances y estados contables de 10 años de Austral Construcciones, sumamos información que elaboró Vialidad Nacional que tiene que ver con la obra pública y una de las principales conclusiones es la confirmación de este sistema de asignación de obra pública del Estado a esta empresa privilegiada por el kirchnerismo», sostuvo.
Según el informe de la ONG, Austral Construcciones -la empresa insignia el grupo Báez- pagó entre el 2006 y el 2011 un total de $41,7 millones en concepto de alquileres a los Kirchner, pese a que no tenía necesidad de contar con más oficinas, mientras que las operaciones inmobiliarias comunes llegaron a un total de $63,3 millones a través de compras y ventas sin precios de mercado, entre otras irregularidades.
Buscan destino a los bienes incautados
En tanto, el juez Casanello le pidió a la AFIP que realice una propuesta en torno a los bienes secuestrados al empresario, en el marco de la causa por lavado de dinero, en la cual está detenido.
Mediante un oficio dirigido a la AFIP, el juez le dio un plazo de 15 días para que se proponga qué destino con fines sociales se les dará a los inmuebles y bienes secuestrados al empresario.
Luego de la propuesta hecha por el organismo, el juez definirá finalmente qué destino provisorio se le otorga a los bienes que van desde campos, maquinarias, e inmuebles.
En julio pasado ya el juez había trasladado a la Secretaria de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nación para que opinara.
Pero desde ese organismo se informó que la AFIP estaba en mejores condiciones de realizar un informe sobre el destino que debían darle a los bienes incautados.
La AFIP deberá definir qué bienes están desocupados para presentar una propuesta con fines sociales.
En el juzgado ya se han presentado el Ministerio de Defensa de la Nación, las municipalidades de General Pico, de Isla Verde y de Río Gallegos, así como el Centro de Jubilados y Pensionados «La Amistad» de Rio Gallegos, todos reclamando parte de lo incautado en la investigación contra Báez. (Télam y NA)
