País (9/9/16). En la Argentina, el 25,5% de los menores de 18 años no recibe dinero -en forma de transferencias directas o indirectas- por parte del Estado. La proporción es aún mayor entre los que están bajo la línea de la pobreza. Hoy, el 59% de los menores de 18 años pertenecen al 40% más pobre de la población. La progresiva infantilización de la pobreza puede ser corregida modificando el modelo transferencias monetarias que el Estado hace a esta población.
Un documento elaborado por CIPPEC propone modificar el modelo de transferencias monetarias del Estado hacia las familias con niños y adolescentes, con el objetivo de frenar el progresivo aumento de infantilización de la pobreza, y cerrar la brecha entre los niños y adolescentes que reciben estos beneficios del Estado y los que no.
El documento revela que en la Argentina, el 59% de los menores de 18 años pertenecen a las familias del 40% más pobre del país, contra 32% en la población mayor de 17 años.
“Este fenómeno, conocido como infantilización de la pobreza, se profundizó en los últimos años”, explicó Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de CIPPEC.
En la actualidad, el Estado cuenta con tres herramientas de transferencia monetaria hacia los niños y adolescentes: las Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la deducción del impuesto a las ganancias.
Del documento elaborado por el Programa de Protección Social de CIPPEC se desprende que este modelo de transferencias no alcanza a todas las familias con niños: el 25,5% de los niños y adolescentes no cuenta con ningún tipo de apoyo monetario.
El panorama empeora para los sectores más pobres y mejora notablemente para los más ricos. El 27,1% de los niños y adolescentes pertenecientes al 20% más pobre carece de toda forma de transferencia o apoyo monetario.
En cambio, solamente el 11,1% del 20% más rico está excluido de esos beneficios. Esto se debe en gran parte a la cobertura tácita que implica la deducción al impuesto a las ganancias que se puede realizar por cada hijo que cubre más a los sectores más ricos.
“Este sistema es fragmentado e inequitativo. Fragmentado porque los múltiples tipos de cobertura dependen de la condición laboral de los adultos, cuando el foco debería colocarse en los derechos de los niños y adolescentes. Y es inequitativo porque el valor de las prestaciones no es igual y tampoco progresivo; y porque los criterios para determinar la elegibilidad para percibir prestaciones también son heterogéneos, como así también la edad de cobertura de los hijos”, afirmó Díaz Langou.
Quienes deducen del impuesto a las ganancias pueden llegar a recibir una transferencia tácita por hijo (de hasta $21.061 anuales) que casi dobla los montos de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo ($966 por mes / $11.592 anuales).
A quienes reciben la AUH y las Asignaciones Familiares contributivas se les exige la presentación de certificados de asistencia escolar, vacunaciones y controles médicos, que no son requeridos para quienes realizan las deducciones de ganancias.
Además, a los titulares de la AUH se les retiene el 20% del ingreso hasta corroborar que estas exigencias fueron cumplidas, cuando este mecanismo no existe para quienes cobran las Asignaciones Familiares contributivas ni para quienes deducen de ganancias.
Por último, quienes deducen de ganancias pueden hacerlo hasta que sus hijos cumplan 24 años, mientras que las otras asignaciones son solo hasta los 18 años.
Revertir la pobreza
En este sentido, CIPPEC presentó una propuesta de política pública para mejorar el modelo de transferencias, buscando garantizar que todas las familias cuenten con un ingreso que les permita salir de la pobreza, sin importar el lugar de origen o condición laboral de los adultos.
Esta iniciativa busca revertir la pobreza que afecta a las familias con niños y adolescentes (y más cuanto más pequeños son), y revertir el sesgo regresivo que tiene el esquema actual.
Se propone alcanzarlo a través del aumento de las transferencias para aquellos que hoy reciben Asignaciones Familiares por hijo menores al techo; la inclusión de quienes todavía no han sido alcanzados por las intervenciones a pesar de cumplir los requisitos; el aumento de la prestación a los niños de 0 a 5 años beneficiarios de AUH; la reducción de las transferencias indirectas a quienes deducen ganancias; y la inclusión de autónomos con un monto equivalente a este último.
A su vez, se plantea revisar y homologar los requisitos que deben cumplir las familias en los distintos tipos de transferencias de ingresos. Alcanzar esta meta implica una inversión total de $39.399 millones de pesos de junio de 2016, lo cual representa un 0,5% del PBI estimado a 2016.
CIPPEC plantea tres escenarios que pueden ser consecutivos (avanzando de un escenario de mínima, media y máxima) para alcanzar el objetivo propuesto. “Cualquiera de estos tres escenarios tiene por objetivo revertir el sesgo regresivo del sistema actual, y revertir la infantilización de la pobreza. Los niños y adolescentes cuentan con el derecho constitucional a tener un nivel de vida digno y que sus familias cuenten, para ello, con dinero suficiente”, sostuvo Díaz Langou.
Acceda al documento completo aquí.
