Córdoba (27/12/16). A través de proyecto de resolución ingresado este martes en la Unicameral, la legisladora Liliana Montero, requirió al Ministerio de Gobierno las debidas explicaciones por el caso en el cual está implicado el subcomisario Víctor Ariel Barrionuevo. Al respecto, solicitó saber acerca del accionar del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba.
La parlamentaria opositora pidió conocer si el subcomisario mencionado tenía algún tipo de antecedente penal, sumario administrativo en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario o cualquier otro tipo de investigaciones judiciales o administrativas en curso o cerradas al momento del robo calificado en el que habría participado en la calle Faustino Allende al 400 (barrio Cofico), este sábado a la madrugada.
En cuanto a su trayectoria en la fuerza, Montero demandó un informe detallado de la carrera policial del subcomisario en cuestión, desde su ingreso a la fuerza, destinos, fechas, funciones y superiores a los que estuvo subordinado.
Ante el grave y resonante caso, la integrante del arco opositor también interrogó sobre cuáles fueron las medidas que tomó el Tribunal de Conducta con respecto a la situación laboral del subcomisario.
Asimismo, solicitó una respuesta acerca de si desde el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario se investiga a otros agentes de la fuerza que puedan estar relacionados con hechos delictivos en los que haya participado Barrionuevo. En particular, los agentes de la comisaría de Villa Allende, donde el subcomisario prestaba servicios.
Otro de los puntos del pedido de informes da cuenta del ascenso de Barrionuevo dentro de la fuerza. Montero reclamó saber si el subcomisario había rendido examen durante 2016 para ascender a comisario y si figuraba en las listas de ascensos con remisión de copia del libro de actas donde constan las evaluaciones de los postulantes.
En referencia al audio difundido por los medios de comunicación, la legisladora indagó acerca de las medidas tomadas por el Tribunal de Conducta policial o ese Ministerio en relación a esa prueba que surge del procedimiento por el robo en el que participó Barrionuevo, ya que en él se da a entender que no sería la primera vez que el subcomisario estaba involucrado en, faltas, hechos delictivos o al menos sospechosos.
Por último, requirió el acceso a las estadísticas de las investigaciones administrativas del Tribunal de Conducta de los últimos 5 años, y de las imputaciones y condenas que pesan sobre agentes policiales y penitenciarios.
“No es la primera vez que un agente de las fuerzas policiales y penitenciarias de esta provincia se encuentra involucrado en hechos delictivos. Los escándalos de la Policía de Córdoba inundan los diarios impresos y los sitios digitales, los programas televisivos, las noticias radiales, las redes sociales”, resaltó Montero en los fundamentos de su proyecto.
“La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la respuesta política, pero también disciplinaria para estos casos. Necesita saber si se ha hecho la vista gorda del accionar de un agente que, al parecer, no es la primera vez que delinquía o cometía alguna falta administrativa”, concluyó.
