País (9/5/17). Los bloques del oficialismo y la oposición lograron consensuar una posición para neutralizar el fallo de la Corte que benefició al represor Luis Muiño.
En medio de una sesión especial en la Cámara de Diputados, los bloques del oficialismo y la oposición lograron consensuar este martes un proyecto común para neutralizar el beneficio del 2×1 para represores convalidado en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el respaldo fue contundente: 211 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
El texto del dictamen que se aprobó -al que tuvo acceso NA- plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiño, «no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2×1 sólo puede aplicarse a «aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley», es decir, entre 1994 y 2001.
Se trata de un proyecto consensuado a partir de varias iniciativas, incluso del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado nacional Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja y aprobada.
Mientras que en la Cámara de Diputados ya estaba avanzado el respaldo al proyecto, en la víspera de la convocatoria a una movilización masiva a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, en el Senado convocó a una sesión especial para este miércoles por la mañana a fin de darle sanción definitiva de la ley.
Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como «vergonzoso» el fallo de la Corte Suprema.
«No podemos dejar de ver este pronunciamiento que va en contrario de los pronunciamientos que hace más de 12 años viene teniendo la Corte Suprema en materia de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los Derechos Humanos, como parte de lo que está sucediendo en la Argentina desde el 10 de diciembre del 2015, desde la asunción del actual Poder Ejecutivo Nacional», señaló el también presidente de la comisión de Libertad de Expresión.
La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como «uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia», sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen.
La legisladora del interbloque Progresistas dijo en este sentido que el deber del Congreso es no «permitir que se vuelva a levantar un muro de impunidad en nuestro país».
«Tenemos que decir que acá a los genocidas no se los perdona, no se les conmuta la pena y que eso queda prohibido por ley», aseguró, y apuntó contra los tres magistrados cuestionados: «Señores jueces, ¡Nunca Más!».
A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que «no tuvieron más remedio» que «aplicar la ley más benigna» tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por «las consecuencias futuras» del fallo.
«Me parece que el voto de la mayoría es un voto razonable y ajustado a los principios clásicos. Eso no impide que los resultados no satisfagan. El problema no está en la fallo de la Corte sino en la ley. La Corte no tuvo más remedio que aplicarla», fundamentó.
El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, disintió con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó los jueces que firmaron por la mayoría una «intencionalidad política» para «dar marcha atrás en la lucha por los Derechos Humanos». (NA)
