Córdoba (16/3/18). “No podemos permitir que sigan engañando a la gente”. Así se pronunció la intendenta de Juárez Celman, Myrian Prunotto, quien reafirmó su postura sobre los manejos políticos con los que le hicieron creer a un grupo de familias que podían comprar un lote en el predio usurpado.
Ante la reciente decisión de la Justicia de prorrogar por 60 días hábiles más el desalojo de los terrenos privados que usurparon unas 157 familias en el predio denominado “Parque Esperanza”, junto a la variante Juárez Celman, la intendenta Prunotto volvió a expresar su preocupación por las «dilaciones» en resolver este tema de vieja data, y lamentó que “se siga utilizando a esas familias y aprovechándose de su buena fe”.
En ese sentido, advirtió que “no hay que perder de vista los manejos políticos que hubo detrás de todo este proceso para engañar a la gente y hacerle creer que podía comprar un lote en ese lugar”.
“Los ocupantes han cometido un delito, es cierto, pero además algunos oportunistas les han estado cobrando cuotas bajo la ilusión de un posible acceso a la tierra, que en este caso no es tal. De nuestra parte, hemos acompañado a las familias en todo lo posible, pero no podemos permitir que las sigan usando políticamente”, remarcó.
Prunotto recordó que «desde el inicio mismo del conflicto, a instancias de la Municipalidad hubo varios intentos de negociación y gestión con todos los ministros que pasaron por la cartera de Desarrollo Social de la Provincia, desde 2014 a la fecha, para buscar una salida alternativa, pero no se lograron avances concretos».
El de esta semana fue el tercer intento fallido por concretar el desalojo de los usurpadores. Con respecto a la situación legal, la intendente se refirió a la actuación de la Justicia: “Quedó en claro que se trató de la usurpación de un predio privado, que hay que restituir plenamente a su propietario”.
Ahora, con el fallo judicial en la mano, no se ve otra alternativa que no sea la desocupación del predio. “Si no le damos un corte a esto, algunos vivos siguen haciendo su negocio político e inmobiliario, las familias ocupantes viven en situación de engaño, y a la Municipalidad se le genera un conflicto que la excede y cuyos efectos nocivos se han potenciado en estos cuatro años”, sostuvo la jefa comunal radical.
