Córdoba (26/10/18). A través del decreto 1670/18 publicado este viernes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial, el Ejecutivo cordobés rescindió el contrato de concesión del servicio de grabado indeleble de autopartes de autos y motos. Se argumentó «incumplimientos» de la empresa Grababus.
En el decreto del gobernador se dispone además la suspensión del servicio por 180 días y se faculta al ministro de Gobierno a prorrogar dicha suspensión en los términos que estime conveniente.
El Gobierno cordobés puso fin al contrato con la empresa Grababus por deudas impositivas. Aunque también denunció a la firma por detectar una evasión impositiva por más de 40 millones de pesos a través de una serie de maniobras para desviar operaciones a otras empresas.
Según sostiene la Provincia, la empresa concesionaria habría desviado operaciones comerciales hacia la Cámara de Grabadores de Autopartes, con el presunto objetivo de evadir el pago de impuestos.
Al dar cuenta de los antecedentes obrados en el expediente, se indica que Grababus acumula una serie de deudas: por Impuesto de Sellos, la suma asciende a $21.213.375 por períodos 2015 y 2016; por Ingresos Brutos, la cifra es de 9.692.703,23. A esto se agrega, una deuda detectada de la Cámara de Autopartes de Vehículos, Automotores y Motovehículos respecto a Ingresos Brutos (períodos 2015/2017), por $12.143.635.
El problema con Grababus no sólo implica una situación de deudas impositivas, sino también que se detecta «ocultamiento» por parte de la empresa a cargo del servicio, lo que activó una denuncia penal.
De la denuncia formulada se deja constancia que el «ocultamiento» por parte de la firma es «a través de operaciones desviadas hacia otra persona Jurídica (Cámara de Grabadores de Autopartes) que entregaba comprobantes por grabados y facturaba servicios a las concesionarias de venta de automotores, lo que de acuerdo al contrato, sólo podía realizar la adjudicataria, encontrándose expresamente prohibido transferir o enajenar por cualquier título la explotación de los servicios objeto del contrato».
Según se advierte esta operatoria trae aparejado, como consecuencia, además de las implicancias tributarias, la afectación del canon que debe percibir la Provincia.
Oposición
Al conocerse la confirmación de la decisión del Ejecutivo provincial mediante el decreto, la legisladora Liliana Montero, afirmó que “en reiteradas oportunidades solicite que se diera de baja a este negocio de unos pocos, se hizo pública, oficialmente y legislativamente, encontrando por parte del Gobierno una actitud de defensa propia de quienes actúan como socios, parece que la sociedad se rompió».
Cabe recordar que en su insistente demanda de suspender la exigencia del grabado de autopartes en Córdoba, la parlamentaria opositora argumentó que se trataba de un «negocio millonario que no iba a resolver el problema de robo de vehículos».
Así advirtió que esta medida no iba a dar como resultado los «supuestos efectos» en cuanto a la prevención de los robos que el Gobierno adujo para la implementación del sistema.
No sólo Montero fue muy crítica de la puesta en marcha de este sistema, también el juecista Juan Pablo Quinteros manifestó su rechazo al contrato que se rubricó entre la Provincia y la empresa Grababus.
Al conocerse la noticia de la interrupción del contrato, el legislador del Frente Civico resaltó: «Cuando ya los teníamos, la vieron venir y en una edición especial del Boletin Oficial rescinden el contrato de Grababus para el Grabado de Indeleble de Autopartes. Un gran negociado que denunciamos en reiteradas oportunidades y que el Gobierno no puede encubrir más».
