País (7/12/18). En su rechazo, la organización internacional demandó en «carácter urgente» su revisión.
“Como sociedad debiéramos estar muy preocupados por este nuevo reglamento para las fuerzas de seguridad que viola compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina», afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En este sentido, la organización internacional expresó su preocupación ante los efectos de la aplicación de la Resolución 956/2018. «Es obligación del Ministerio de Seguridad explicar con máximo detalle qué implica su implementación», advirtió.
«Conforme al derecho internacional, los Estados deben brindar todas las garantías constitucionales y de derechos humanos a sus ciudadanos. La protección de la vida de las personas es el paradigma que debe priorizarse”, destacó Belski.
Ejes
En primer lugar, Amnistía Internacional indicó que la facultad de las fuerzas de seguridad de hacer uso de la fuerza y de armas de fuego debe establecerse por ley.
También manifestó la preocupación acerca de que la nueva reglamentación amplíe las situaciones que son caracterizadas como de “peligro inminente” a supuestos hasta ahora no contemplados.
Según destacó Amnistía Internacional en un comunicado, resulta «inadmisible que se habilite a un funcionario policial a presumir que un individuo está armado por el solo hecho de que otro integrante de un grupo de personas porte un arma y, con esto, justificar el uso del arma letal contra todos ellos cuando además no exista una amenaza inminente; o que incluso se habilite a usar el arma de fuego en supuestos en los que las personas no tengan un arma letal».
«Llama la atención que en el texto de la Resolución no exista ninguna referencia a la obligación de las fuerzas de seguridad de tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar la pérdida de vidas, tal como expresan los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley», enfatizó la organización en su pronunciamiento.
Por último, consideró que «no es lo mismo hacer uso de armas de fuego intencionalmente para matar que para proteger una vida. Matar intencionalmente a una persona en nombre de la ley debe considerarse ilícito».
