Córdoba (12/12/18). La Legislatura aprobó por amplia mayoría la modificación del Código Procesal Laboral. La nueva ley establece un cambio de paradigma para agilizar los procesos. El ministro Angulo habló de «una reforma sustancial» del proceso judicial en el ámbito laboral.
Con el apoyo de las distintas bancadas, salvo la abstención de la izquierda, la Legislatura aprobó la ley que modifica el Código Procesal Laboral de la Provincia, que tiene como objetivo reducir de manera sustancial los plazos en los juicios laborales.
A partir de julio de 2019, fecha en que la ley entrará en vigencia, desde el Gobierno se destacó que un litigio que hoy demora aproximadamente cinco años, se podrá resolver en uno.
“Esto significa un gran beneficio para los trabajadores y sus familias, es sin duda una decisión política que hace a la justicia social, para que no haya abusos”, afirmó el ministro de Justicia, Luis Angulo, quien estuvo presente en la sesión de este miércoles, en la cual 56 legisladores se pronunciaron a favor de la norma.
El funcionario destacó además que «esto también es un beneficio para los empleadores, para que los conflictos laborales se resuelvan rápidamente y así lograr equilibrio en las relaciones de producción”.
La reforma es uno de los cinco proyectos diseñados por el Ejecutivo cuyo objetivo es agilizar los trámites judiciales y acercar el servicio de Justicia a la ciudadanía. Ya fueron aprobados la Mediación Prejudicial Obligatoria en causas civiles y comerciales y la Oralidad.
En el debate, legisladores de todos los bloques valoraron la “apertura y la búsqueda de consenso” en las propuestas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cartera encargada de diseñar los proyectos. Se trata de la primera reforma procesal profunda del fuero laboral en casi siete décadas.
“Hoy los nuevos tiempos exigen más celeridad, más respuestas para resolver las necesidades urgentes, alimentarias y vitales de los trabajadores que se ven obligados a litigar”, expresó Angulo, quien estuvo acompañado por Laura Echenique, secretaria de Justicia, Ignacio Villada, asesor del ministerio y el abogado laboralista y ex camarista, César Arese.
Actualmente las causas demoran cinco años, tiempo que se puede extender si llega al Tribunal Superior de Justicia. Para poder reducir los plazos en un juicio, la reforma se fundamenta en los principios de inmediatez, oralidad, concentración de procesos.
La ley establece “plazos fatales” para que los magistrados resuelvan en tiempos estipulados, por ejemplo, seis meses para producir la prueba, o 15 días para dictar sentencia.
En lo que significa todo un cambio de paradigma, establece la figura del “juez presente” con mayor protagonismo y cercanía con las partes en audiencias orales desde la primera instancia. De esa manera se busca, entre otras cosas, disminuir la carga probatoria que, muchas veces embarran el proceso.
Para poder afrontar el cambio, la ley establece la creación de ocho nuevos juzgados de Conciliación y Trabajo, cinco en capital y tres en el interior de la provincia.
Asimismo, se incorporan procesos ágiles y abreviados, para juicios que no requieran un debate amplio; y la digitalización de proceso; entre otros.
