País (11/10/19). El organismo antilavado asegura que sus informes guardan el debido secreto, y responde a pedidos judiciales e internacionales. La UIA salió a negar las versiones de «espionaje ilegal» que investiga el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
«La Unidad de Información Financiera (UIF) desmiente categóricamente las insinuaciones falsas recientemente publicadas sobre su supuesto involucramiento en tareas de ‘espionaje ilegal’ con relación a magistrados y funcionarios», se expresó en un comunicado.
La UIF es el organismo encargado de investigar sospechas de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. Para ello, recibe información de fuentes locales e internacionales y cuenta a su vez con facultades legales para requerir información sobre las operaciones sospechosas que se encuentre analizando.
Desde el organismo antilavado se aclaró que «la información recabada es analizada y diseminada al Ministerio Público Fiscal o al Poder Judicial, cuando existen elementos de convicción suficientes para sospechar la comisión de delitos graves, como son el lavado de activos y sus delitos precedentes (especialmente la corrupción), o la financiación del terrorismo».
En su descargo la UIF aseguró que las tareas que lleva a cabo, incluyendo los requerimientos de información que diariamente efectúa a nivel nacional e internacional, se realizan siempre en el marco de la ley y procedimientos internos vigentes, y en línea con estándares y mejores prácticas internacionales».
«La UIF tiene por ley el deber de guardar secreto sobre sus investigaciones y no revela su existencia ni contenido a ningún tercero, menos aún a quien pueda ser objeto de las mismas», manifestó.
En el marco de la investigación a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el organismo habló de «operaciones montadas en su contra» a raíz de «su negativa a violar dichas obligaciones en el marco de requerimientos judiciales extralimitados».
La noticia del presunto espionaje por parte del Ejecutivo a jueces y camaristas sacudió a los tribunales de Comodoro Py en las horas posteriores a su difusión, en el portal El Destape.
La investigación, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, busca determinar si el Ejecutivo, a través de diferentes organismos, desplegó acciones de «inteligencia ilegal» tanto sobre magistrados, como legisladores, y editorialistas, además de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su dictamen, el fiscal Ramiro González – quien reemplaza a su par Federico Delgado, en cuya fiscalía había recaído el caso- sostuvo que se busca determinar si desde las dependencias estatales que aparecen en el caso: “se desplegaron actividades de espionaje e inteligencia ilegal”, según publicó Perfil.
