País (14/5/20). De acuerdo a un estudio de CIPPEC, hay 5,3 millones de trabajadores expuestos a diferentes niveles de vulnerabilidad económica frente a la pandemia dado que no se encuentran exceptuados ni pueden realizar las tareas desde el hogar, para los cuales hacen falta políticas públicas específicas.
Un estudio realizado por la think tank argentina identifica los riesgos de transmisión del virus COVID-19 de acuerdo a los niveles de proximidad física y uso del transporte público por tipo de ocupación, información clave para entender el riesgo sanitario de las diferentes actividades económicas ante la apertura gradual de la cuarentena en diferentes regiones del país anunciada por el gobierno nacional.
El trabajo “Políticas públicas para pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post COVD-19”, elaborado por los economistas Ramiro Albrieu y Megan Ballesty, investigador principal y coordinadora respectivamente del Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC, señala que, de los algo más de 11,5 millones cubiertos por la Encuesta Permanente de Hogares, alrededor de 5,3 millones las personas se encuentran en graves dificultades laborales.
En tanto no pertenecen a los sectores exceptuados (unos 4 millones) ni pueden realizar sus tareas desde el hogar (unos 2,2 millones). Se trata de un segmento muy vulnerable: pertenece a los deciles más bajos en términos de ingreso, son principalmente informales y sólo de uno de cada diez cuenta con calificaciones profesionales o técnicas.
Distribución de los trabajos por proximidad y rama de actividad
De estos 5,3 millones de trabajadores, 800 mil se desempeñan en trabajos de proximidad baja, es decir, que no requieren interacción con otras personas o bien requieren interacción a distancia.
Se trata de un grupo particularmente vulnerable en términos económicos y sociales: el 90% son mujeres, 60% del grupo asalariado trabaja en la informalidad, y 65% de los que declaran ingresos se agrupa en los primeros tres deciles. En términos de rama de actividad, el 80% trabaja en el segmento de limpieza del servicio doméstico, y poco menos del 10% en ramas no teletrabajables asociadas a la enseñanza.
Las ocupaciones vulnerables de proximidad media son aquellas que requieren interacción cercana. En esta categoría está el 30% de todos los ocupados, es decir, unos 3,6 millones de personas. La mayoría son hombres (75%), y la informalidad promedio roza el 50%. Gran parte de las ocupaciones son de calificación operativa (80%) y grupo muy pequeño es profesional (2%). Allí prevalecen las actividades de comercio, construcción e industria.
Por último, las ocupaciones de proximidad alta – que requieren menos de un brazo de distancia o directamente contacto físico con otras personas – representan a casi un millón de trabajadores. Es un sector de alta vulnerabilidad social en donde la informalidad alcanza el 55% y las ocupaciones operativas y no calificadas comprenden al 80% de los ocupados. El 65% son mujeres que se desempeñan principalmente en servicios domésticos, particularmente en el segmento de cuidado de personas y servicios de sanidad no calificados. También tienen un rol importante los servicios personales, las actividades relacionadas con la enseñanza, los servicios de alojamiento y gastronomía y el comercio.
“La proximidad entre las personas es lo que permite realizar las actividades económicas. Pero también, sin una vacuna para el COVID-19, es lo que acelera la transmisión del virus. Allí radica la tensión entre la cuestión sanitaria y la cuestión de ingresos de los más vulnerables”, dijo Ramiro Albrieu.
Como los riesgos de aglomeración y la alta proximidad pueden no estar en el puesto de trabajo sino en el transporte, el estudio también identifica los sectores productivos con mayor prevalencia a utilizar transporte público. Así, se observa que las ocupaciones asociadas a ramas de actividad de servicios utilizan intensivamente los medios de transporte público.
Uso de medios de transporte para ir a trabajar
En efecto, el 44% de los trabajadores del servicio doméstico y de servicios esenciales y de salud utilizan el subte, tren, colectivo, trolebús o combi. En el caso de la construcción, lo utiliza un poco menos que el 30%. “Los problemas de aglomeración en transporte público son propios de las grandes urbes urbanas, y no necesariamente representan un problema de magnitud en las ciudades pequeñas o los pueblos. En el aglomerado del Gran Buenos Aires, que incluye a CABA y los partidos de conurbano bonaerense, el porcentaje de trabajadores que utiliza algún medio de transporte público llega al 51%, mientras que en la región Noroeste apenas supera el 15%”, señala el documento.
¿Qué puede hacer entonces la política pública para mitigar los impactos económicos del COVID-19 dadas las restricciones sanitarias y de presupuesto presentes en el caso argentino? El estudio centra sus recomendaciones en la necesidad de impulsar políticas públicas innovadoras, segmentadas y focalizadas por geografía y por rama de la actividad, y con una estrategia de intervención de diferentes agencias del sector público, en todos los niveles del Estado, e incluyendo críticamente al sector privado en la construcción de la nueva normalidad.
Del aislamiento a la nueva normalidad: políticas laborales en tiempos de COVID-19
Entre estas políticas se encuentran protocolos de proximidad, higiene, y seguridad; revisión de regulación y convenios laborales; protocolos de transporte; políticas de mejorar de conectividad; políticas de promoción de uso de dispositivos digitales; readaptación de habilidades; reasignación o automatización de tareas; políticas de sostén de ingresos; y prioridad en la flexibilización del aislamiento.
