País (2/6/20). La Comisión de Legislación General debatió hoy por videoconferencia sobre el proyecto de ley de alquileres venido en revisión y también sobre el que busca controlar a quienes no sean emprendedores y busquen las Sociedades Anónimas Simplificadas para otros fines al dispuesto por la Ley 27.349.
La Comisión de Legislación General presidida por la senadora nacional Ana Almiron (Corrientes- Frente de Todos) se reunió hoy por videoconferencia para tratar el expediente referido a la regulación de sociedades anónimas simplificadas; y el proyecto de ley de alquileres que, luego de dos años de debate, obtuvo media sanción en la Cámara baja el pasado 20 noviembre de 2019. Ambos dictámenes fueron pasados a la firma.
Al comenzar la reunión el autor del proyecto de Regulación de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), senador nacional Oscar Parrilli (Neuquén- Frente de Todos), detalló aspectos fundamentales del proyecto presentado y apuntó que las SAS han sido utilizadas con fines diferentes a los establecidos en la Ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor sancionada en el año 2017.
«Esta ley crea un Registro de Instituciones de Capital emprendedor», afirmó Parrilli. «Lo que establecemos es que, como requisito para poder hacer una Sociedad Anónima Simplificada, hay que estar inscripto en este Registro de Instituciones de Capital Emprendedor que tiene ante el ministerio de Producción», agregó.
Al detallar otros aspectos de la iniciativa, señaló que «establecemos que en un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos, el Registro debe suministrar los datos de todos los capitales emprendedores, tanto en los registros públicos de comercio de todas las provincias como en la Inspección General de Justicia, a los efectos de determinar efectivamente que quien quiere hacer una Sociedad Anónima simplificada es verdaderamente un capital emprendedor».
Asimismo, el senador informó que se suspenderá por un plazo de 180 días corridos toda inscripción de SAS en base al texto actual de la Ley y que, durante ese lapso, las que están legalmente constituidas deberán ratificar su inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ).
En el proyecto de ley se establece que el registro de las empresas anónimas simplificadas pase del ministerio de Modernización a la IGJ. «Las sociedades que han utilizado esta herramienta para otros fines tienen un plazo de 180 días para transformarse en Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada».
Por último, refirió a una modificación del artículo 38 de la Ley 27.349 al informar que la documentación correspondiente que se deberá presentar al Registro Público de Comercio, y a la IGJ en el caso de la Capital Federal, deberá controlar no sólo los requisitos formales sino también los sustanciales. «Es decir que recuperamos para el Estado el control de legalidad de la constitución de persona jurídica», resumió Parrilli.
A continuación, los legisladores dieron tratamiento al proyecto de ley de alquileres que cuenta con media sanción en la Cámara baja y participaron del debate a la senadora nacional Silvina García Larraburu (Río Negro- Frente de Todos), autora del proyecto 894 que obtuvo media sanción en el Senado en 2016.
«Me parece que lo que es importante hoy dejar en claro es que tenemos que dar pasos», sostuvo, «y creo que uno de los pasos fundamentales es al menos poder sancionar este proyecto, esta ley, con las correcciones que esta Comisión defina y prepararnos ya para que si pudiera haber sesión el día jueves poder darle un marco a estas más de 9 millones de personas que están viviendo situaciones muy complejas en un contexto muy complejo».
«Me parece importante que al momento del tratamiento se tenga a la vista los otros proyectos que se han presentado», añadió.
El proyecto de ley de alquileres venido en revisión extiende la duración del plazo de locación de dos a tres años y establece un mecanismo de actualización anual de los montos.
Además, dispone que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, que no se podrá pedir el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que el contrato de alquiler deberá ser declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP).
A su vez, el proyecto de ley propone la creación del Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados y familias que no tengan cómo acceder a un sistema de garantías.
Al concluir la reunión, la presidenta de la Comisión informó que «sin más temas que tratar, vamos a circularizar ambos dictámenes para su ratificación por los señores senadores y senadoras».
Respecto del proyecto de ley referido a la regulación de las SAS en particular, y dada la solicitud por parte de la oposición de un mayor tiempo para revisar el proyecto, la senadora instó a los legisladores a «hacer llegar por medio del secretario de la Comisión todas las consideraciones que se consideren pertinentes, y al senador Parrilli quien en reiteradas oportunidades mencionó que está dispuesto a escuchar todas las propuestas necesarias».
