País (11/6/20). Tras aprobarse por unanimidad “la educación a distancia” en la Ley de Educación, la oposición abandonó la sesión virtual del Senado en rechazo al temario impuesto por el oficialismo. De hecho desde JxC se presentó una cuestión de privilegio contra CFK y Mayans por incluir temas que no están relacionados a la pandemia.
El Senado de la Nación realizó este jueves una nueva sesión virtual convocada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con tres dictámenes de iniciativas incluidas en la agenda a tratar.
El malestar de Juntos por el Cambio se hizo evidente en la presentación que hizo la senadora nacional por Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO), quien impulsó una cuestión de privilegio contra la presidenta de la Cámara alta y el peronista José Mayans (jefe del bloque del Frente de Todos) por no respetar el reglamento e incluir temas que no están relacionados al Covid-19 en las sesiones remotas.
Presenté una cuestión de privilegio contra la presidenta del Senado @CFKArgentina y el senador Mayans (Jefe del Bloque del Frente de Todos) por no respetar el reglamento e incluir temas que no están relacionados al #COVID19 en las sesiones remotas. pic.twitter.com/YtZsYP4nrZ
— Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) June 11, 2020
Durante el plenario virtual, aunque con la presencia de las autoridades de la Cámara en el recinto, el oficialismo y la oposición aprobó por unanimidad la incorporación de “la educación a distancia” en la Ley de Educación.
El proyecto aprobado modifica el artículo 109 de la ley 26.206 de Educación Nacional y contempla que en casos excepcionales “previa declaración fundada del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, o con la jurisdicción que corresponda, cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, y únicamente en casos de epidemias, pandemias o catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”, estará permitida la educación para menores de 18 años.
Esta iniciativa, que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados, contempla también que “en tal excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones para la reorganización: pedagógica -de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios – e institucional, del régimen académico de la capacitación docente”.
Luego de la votación de la reforma a Ley de Educación, la oposición se retiró de la sesión. Antes de desconectarse, el jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que la oposición «siempre iba a poner un freno y un límite» a lo que calificó como «atropellos» del oficialismo por «cambiar la hoja de ruta en medio de las peores señales económicas».
Tras el «portazo» de la oposición, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (FdT) propuso votar en general y en particular la Ley de Alquileres. También se avanzó con la suspensión de Sociedades de Acción Simplificadas (SAS).
Ley de Alquileres
La senadora por Corrientes, Ana Claudia Almirón (FdT) destacó que en la actualidad “sigue habiendo abusos contractuales contra la parte más débil de esa relación que son los inquilinos” y dijo que la nueva norma “protege claramente a los inquilinos”.
Al defender el proyecto, Almirón reseñó los puntos principales y destacó que “el 17 por ciento de los argentinos accede a su vivienda por el régimen de alquiler y que el valor de éste compromete el 41 por ciento de los ingresos familiares”.
La norma fue aprobada con 41 votos afirmativos del oficialismo, en una sesión remota, de la que la oposición se fue antes de la votación.
La nueva Ley de Alquileres, que entre sus principales aportes eleva el plazo mínimo de locación a 3 años, obliga a declarar los contratos ante del Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y limita los ajustes de precios a no más de uno por año, mediante una combinación de la inflación y la evolución de los salarios.
Asimismo, se crea el Programa Nacional de Alquiler Social, con el objeto de “facilitar el acceso a una vivienda digna”, cuya conducción estará a cargo de la Secretaría de Vivienda.
Por último, el Ministerio de Justicia deberá coordinar con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires “las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje”.
Los puntos centrales de la Ley de Alquileres que aprobó el Senado
