País (27/7/20). Según un informe de Jefatura de Gabinete, en julio de 2020 el 37% de los puestos más altos de la Administración Pública Nacional están ocupados por mujeres, mientras que al finalizar la gestión anterior, sólo representaban un 19%.
El 37% de los puestos más altos de la estructura organizativa del total de los cargos jerárquicos, están ocupados por mujeres, mientras que el Gobierno anterior terminó su gestión con el 19% de mujeres en estos altos mandos, que incluyen ministerios, secretarías y subsecretarias.
Los datos surgen de un informe promovido por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y realizado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de dicha cartera.
«A partir del armado de un frente político amplio donde confluyen distintos sectores de la sociedad argentina y de un gabinete que incluye a históricas militantes feministas, y tras una escucha atenta de las propuestas y demandas sociales, el Gobierno Nacional dio cuenta de su posicionamiento respecto a las problemáticas de género en distintos aspectos y escalas de la escena pública, en defensa de los derechos de las mujeres», se explicó en un comunicado.
En esa dirección, remarcó la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta, que «cuenta actualmente con el mayor cupo femenino, ocupando la totalidad de los cargos jerárquicos con mujeres, incluyendo a una mujer trans, la primera en ocupar un alto cargo en la Administración Pública Nacional».
Le sigue al Ministerio de Género el de Seguridad, con 58 por ciento de mujeres ocupando cargos jerárquicos, según el relevamiento. Luego se destacan los ministerios «de Justicia y Derechos Humanos; Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Educación; tres carteras que alcanzan una representación paritaria exacta del 50%».
En el informe oficial se destacó además las políticas públicas aplicadas desde el inicio de la gestión Fernández dirigidas «a brindar asistencia a las víctimas de violencia y a trabajar para generar las condiciones de una sociedad más justa e igualitaria».
En ese sentido, se consignó la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el plan de asistencia para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, conocido como Plan de los 1000 días.
Otra de las políticas públicas que signó los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, fue la aplicación de La Ley Micaela, destinada a capacitar en temas de género y de violencia contra las mujeres a todos los trabajadores de los tres poderes estatales.
Asimismo, se mencionó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que dispone de un «presupuesto de 18 mil millones de pesos» contra » los 750 millones que le destinaba la gestión anterior» y que incluye «la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144 y un programa de asistencia económica y acompañamiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo».
En el contexto de la pandemia, se recordó también la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad, que llegó a casi 9 millones de personas y recuperó una importante dimensión de género, ya que «la población de trabajo informal contiene una brecha salarial del 36,8%».
En esa línea, precisó que un informe realizado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, determinó que «el 55.7% de quienes recibieron el IFE son mujeres y el 61.5% tienen entre 18 a 34 años».
A su vez, también resaltó que una «política pública que también tiene fuerte impacto en la brecha de género es la AUH, recibida por 4.282.302 de niños, niñas y adolescentes donde el 94,7% de las titulares son mujeres (madres, tutoras o encargadas)».
Para destacar su importancia, la AUH contó con dos refuerzos -en diciembre de 2019 y marzo 2020 por 2 mil y 3 mil pesos respectivamente-, a la vez que se le sumó la tarjeta Alimentar con montos de entre 4 mil a 6 mil pesos.
En cuanto a lo que viene, desde la Jefatura de Gabinete de Ministros se destacó que el Presupuesto 2021 tendrá como uno de los grandes ejes la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas que lleve adelante el Gobierno el próximo año.
Esto puede verse reflejado en el plan de AySA, el cual estipula que la mitad de las personas contratadas para las obras proyectadas, deben ser mujeres. También ocurre con el programa El Barrio Cuida al Barrio y Potenciar Trabajo, que incluyen remuneraciones de trabajadoras de cuidado, y el Plan de Obras Públicas que plantea la construcción de centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
