País (18/9/20). Esta nueva modificación a través de un decreto al sistema de distribución de los recursos entre la Nación y las provincias, que ya registra numerosas enmiendas, pone de relieve la necesidad de una institucionalidad fiscal, que promueva la equidad territorial y garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo, advirtieron desde CIPPEC.
De acuerdo al trabajo “La frazada corta en pandemia y el federalismo fiscal” de José Gasparin, investigador asociado de Programa de Gestión Pública de CIPPEC, los “parches” introducidos en el sistema de distribución federal de recursos no han logrado buenos resultados. Esto se agrava en un contexto de fragilidad fiscal y de necesidades crecientes, donde la puja por los recursos federales vuelve a estar en el centro de la escena.
La pandemia del COVID-19 exacerbó los problemas de las cuentas públicas nacionales y provinciales, explica el trabajo de Gasparin. En este contexto, la Nación asistió a todas las provincias a través de transferencias que van por fuera de la coparticipación federal. Así, desde el inicio del año, el total de las transferencias hacia las provincias de la Administración Pública Nacional (APN) se duplicó en términos reales, aumentando un 104% en los primeros ocho meses del año.
Las transferencias realizadas por Nación tuvieron como principal destino la asistencia a las tesorerías provinciales (65%) mientras que el 34% restante se destinaron a atender la seguridad social y solo un 1% fueron económicas. En contraste, en 2019 la principal finalidad fue la seguridad social que representó el 60% del total de transferencias. “De esta manera, el gobierno nacional amortiguó a través de las transferencias desde la APN el impacto de la pandemia sobre las cuentas provinciales”, detalla el economista.
Al igual que el impacto de la pandemia y las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la distribución de estas transferencias no fue homogénea entre las provincias: del aumento total en 2020, el 61% tuvo como destino la provincia de Buenos Aires, mientras que los restantes fondos permanecieron relativamente atomizados para las otras jurisdicciones.
Sin embargo, con una posición fiscal del Estado nacional cada vez más frágil (el déficit supera el 5% del PBI) en los últimos dos meses las transferencias hacia todas las provincias se desaceleraron fuertemente. Así, si bien en el acumulado anual hasta agosto, las transferencias aumentaron 104% anual, esta dinámica no fue homogénea. Mientras entre marzo y junio éstas venían creciendo a un promedio del 300% anual, se desaceleraron al 10% entre julio y agosto.
En este contexto el gobierno nacional redujo en alrededor de un 1% la alícuota correspondiente a las Ciudad Autónoma de Buenos Aires en favor de la provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, cuando se analizan las transferencias automáticas hacia las provincias, en los últimos años el porcentaje de éstas como proporción del total de los impuestos nacionales pasó de representar alrededor del 40% del total de recursos a rondar el 49%.
La distribución de estos mayores recursos tuvo como principales beneficiarios a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que concentraron los mayores aumentos de estos nuevos recursos destinados a las provincias. La Ciudad pasó de 1,9% en 2015 a 5,2% en 2019 y en lo que va de 2020 se mantuvo relativamente estable.
Por su parte, la provincia recuperó parte del terreno perdido en los últimos años, donde el coeficiente de coparticipación efectiva pasó del 18,7% en 2015 al 22,2% en 2019 y, en lo que va de 2020 aumentó levemente para alcanzar el 22,4%.
De todas formas, la sucesión de enmiendas transitorias en la distribución de los recursos no ha brindado soluciones a los problemas estructurales que enfrenta la provincia de Buenos Aires, que es la provincia con mayor dimensión (territorial, poblacional y económica) y con los mayores desafíos en materia social.
En este sentido, la provincia concentra el 40% de la población, produce poco menos de la mitad de los bienes y servicios finales de nuestro país, pero también concentra el 50% de la pobreza de nuestro, principalmente, en el conurbano bonaerense. Más aún, la provincia de Buenos Aires aporta alrededor del 36% de los recursos coparticipables y recibe solo por Coparticipación Federal de Impuestos (cuando se excluyen las otras leyes y regímenes especiales) el 18,4%, es decir, recibe cerca de la mitad de lo que aporta al total de recursos.
“La solución no es sencilla y requiere de consensos muy difíciles de alcanzar. Como viene sosteniendo CIPPEC en estudios previos, nuestro país necesita una nueva institucionalidad fiscal, que promueva la equidad territorial y garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas en el largo plazo. El actual sistema de distribución de recursos no resuelve el severo desequilibrio existente entre provincias y, al mismo tiempo, reposa sobre reglas poco transparentes que dificultan su administración y control”, remarca Gasparín.
