Córdoba/País (26/9/20). La Asociación Inquilinos Córdoba celebró la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el DNU 320/20 hasta enero del año 2021. No obstante, insistieron con otras demandas del sector.
La Asociación Inquilinos Córdoba (AIC) celebró la decisión del Gobierno nacional de prorrogar hasta enero del año 2021 inclusive, el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.
«La importante reducción en los ingresos de casi el 50% de los inquilinos e inquilinas hacía imposible poder afrontar obligaciones de distintos contratos de alquiler, lo cual derivaría en una ola de desalojos en el marco de una situación sanitaria que está en sus niveles críticos», destacó la entidad.
En este plano, la AIC advirtió que recibió «testimonios de personas a quienes se las instaba a renovar con aumentos superiores al 30% o se les proponía practicas extorsivas tratando de obligarlas a firmar en los términos de la antigua ley e incluso antedatar contratos».
El Gobierno prorrogó el decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos
Al respecto, la Asociación de Inquilinos sostuvo en un comunicado que siguen insistiendo y trabajando con la administración central «en el desendeudamiento de inquilinos e inquilinas».
A su vez, renovó su planteo en torno «a la necesidad de que exista un órgano de aplicación estatal que tenga un poder de policía para que aplique sanciones a aquellas inmobiliarias que no cumplen con las leyes».
“Esta situación única ha puesto de manifiesto una vez más que la realidad cotidiana de las familias inquilinas requiere la regulación y el acompañamiento del Estado», aseguró Maximiliano Vittar, Presidente de Inquilinos Córdoba.
En este sentido, Vittar afirmó que «es una realidad insoslayable que el mercado inmobiliario no se hizo, se hace ni se hará cargo de asegurar el acceso a alquilar en condiciones justas y mucho menos de sostener los alquileres y preservar a las familias inquilinas en condiciones críticas y extremas».
El titular de la asociación que nuclea a los inquilinos cordobeses reiteró el beneplácito por la decisión política del Gobierno nacional y destacó que con esta medida el Estado «reafirma que la vivienda es un derecho, no un bien de mercado, en este momento crítico».
De esta manera, advirtió Vittar, «se descomprime la presión social y el conflicto que estaba generando sobre las familias inquilinas que tenían que elegir entre comer o tener un techo donde vivir».
