Córdoba (21/10/20). Los parlamentarios impulsores de la iniciativa argumentaron la necesidad de que Córdoba cuente con «una nueva gobernanza a partir de un mejor Estado». La iniciativa fue elaborada en alianza con destacadas organizaciones de la Sociedad Civil.
«Para salir de la emergencia sanitaria, económica y social necesitamos contar con una nueva gobernanza a partir de un mejor Estado. Necesitamos calidad en nuestras instituciones y planificación con participación ciudadana».
De esta manera se pronunciaron los legisladores de los bloques Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio y Coalición Cívica en el marco de la presentación del proyecto de ley de Plan de Metas para la provincia de Córdoba.
La iniciativa fue elaborada a través de un proceso participativo y en alianza con las organizaciones civiles Poder Ciudadano, CIPPEC, FUNDEPS y Red Ciudadana Nuestra Córdoba, quienes «colaboraron con su experiencia de manera desinteresada y sumando voluntades», destacaron desde las bancadas opositoras.
El Plan de Metas es la herramienta para garantizar que el Gobierno «priorice objetivos y recursos, planifique con participación y la colaboración de la ciudadanía, rinda cuentas de sus políticas públicas y posibilite el control ciudadano», afirmaron los parlamentarios.
Al tiempo que aseguraron que la aplicación de este instrumento por parte del Ejecutivo provincial implicará que «los cordobeses podamos tener un Estado abierto y transparente que garantice derechos».
En su primer artículo, el proyecto de ley establece el Plan de Metas de Gobierno «como instrumento de planificación, información y control ciudadano, a través del cual el Gobernador de la Provincia se compromete de manera plurianual, y por el plazo de su mandato, a definir, elaborar, cuantificar, medir y publicitar las metas de cumplimiento de su plan de gestión gubernamental, definiendo sus políticas, programas y proyectos, los objetivos que los impulsan y los indicadores cuantitativos y/o cualitativos que permitan la medición de su cumplimiento».
A su vez, dispone que dicha obligación será extensiva a todas las áreas del Poder Ejecutivo Provincial y demás agencias gubernamentales existentes.
La inicitiva fija además que el Ejecutivo provincial deberá presentar informes de carácter anual y un informe final, acompañados en todos los casos de un documento técnico que explique lo actuado.
