Ciudad de Córdoba. «Más que una concesión de un servicio público se trata de una concesión de tarifas», afirmó el edil vecinalista al lanzar su dura crítica contra los gobiernos provincial y municipal. El opositor se quejó de la «nula actividad» de la Comisión que se creó para el control del servicio de agua potable tras pasar a la órbita del municipio.
Al analizar el escenario económico de la concesionaria del servicio de agua potable en la Ciudad, el concejal Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal Córdoba) aseguró: «Ganancias millonarias de una empresa que cada día gana más con usuarios pobres que cada día ganan menos».
El vecinalista se refirió así a los números que dan cuenta de las ganancias de Aguas Cordobesas. La empresa que presta el servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba obtuvo (en el primer trimestre de 2021) un resultado en su ejercicio de $167.769.000, mientras que por otros resultados integrales obtuvo ingresos por $61.278.000.
Según Quinteros, estos datos son oficiales y surgen de la información financiera de la empresa Clisa presentada en la Comisión Nacional de Valores. Clisa, cuyo presidente de Directorio es Aldo Benito Roggio, tiene dentro de la nómina de sociedades controladas a Benito Roggio e Hijos SA, empresa que posee una participación del 71,98% en Aguas Cordobesas S.A.
Para el edil opositor, «no sólo fue la instalación ‘estratégica’ de medidores lo que explica las millonarias ganancias de esta empresa, que presta un servicio básico para la vida humana, sino también el constante aumento en su tarifa».
Al respecto, destacó que desde la renegociación del contrato con la empresa del grupo Roggio (2006) hasta mayo de 2021, «la tarifa de Aguas Cordobesas aumentó un 4.067%. Más de cuatro mil por ciento».
También hizo hincapié en la instalación de 73.453 medidores, sobre un total de 573.000 usuarios. «Casi un 13% de cobertura con micromedición selectiva le permitió a Aguas Cordobesas aumentar sustancialmente sus ingresos», acentuó el vecinalista.
Al hacer foco en el contrato renegociado en 2005/06, Quinteros subrayó que le permite a Aguas Cordobesas solicitar revisión tarifaria por incremento de costos en función de una fórmula polinómica que ha sufrido las distorsiones de los precios relativos de Argentina durante más de 15 años.
«Para nada entra en el análisis del ERSEP si la empresa regulada obtiene ganancias extraordinarias. De existir verdadera regulación y control esta situación debería haberse revisado hace ya mucho tiempo, más teniendo en cuenta que el contrato tiene vigencia hasta el año 2027», aseveró.
Ante este cuadro de situación, y en medio del impacto de la primera y segunda ola de coronavirus, el edil afirmó que «no se juzga la legitimidad de los aumentos otorgados a Aguas Cordobesas a lo largo del tiempo, sino su magnitud en función de la realidad actual, con una economía destruida, con estanflación, pérdidas de empleos, cierre de empresas y comercios, atravesando una situación sanitaria inédita».
«Sin embargo, tal escenario, no pareciera haberla impactado de manera negativa a Aguas Cordobesas sino todo lo contrario», advirtió el opositor, al tiempo que cuestionó que «lo que cobra a sus usuarios no es tarifa, sino que estamos más próximos a un tributo que se asemeja al impuesto inmobiliario».
En este plano, Quinteros insistió en «la rentabilidad excesiva de Aguas Cordobesas sin control alguno del Estado» y, en ese sentido, resaltó que pese a que el servicio pasó a la jurisdicción municipal, «la fijación de la tarifa de un servicio público, hoy municipal, se mantiene bajo la esfera del ERSEP, situación inédita que atenta contra las atribuciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal para el Concejo Deliberante de Córdoba».
Para «atenuar» esta desprolijidad, tanto en la dimensión jurídica, como en la política y económica, se creó en el ámbito del Concejo Deliberante, la «Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación del Servicio Público de Suministro de Agua Potable» a la que le corresponde dictaminar sobre todo proyecto de seguimiento y evaluación del servicio público de agua potable.
El opositor se quejó de la «nula actividad» de dicha Comisión. Al respecto, remarcó: «Ni hablar de la creación de un ente de control municipal que se debía efectuar en el plazo de 180 días. Nada de nada».
«El Concejo Deliberante como cuerpo no ha podido controlar lo convenido en la cesión del Contrato de Concesión, precisamente en lo que se refiere al cobro de los derechos por el ‘Uso de la Concesión’ por parte del municipio y mucho menos si la tarifa que se les cobra a los usuarios de la Ciudad es ‘justa'», completó el vecinalista.
